El Instituto Mexicano para la Competitividad publicó el 2 de junio de 2026 el Índice de Competitividad Urbana (ICU) 2026, que evalúa a 72 zonas metropolitanas del país en su capacidad para generar, atraer y retener talento e inversión. El diagnóstico central es contundente: el crecimiento económico promedio de las ciudades se desplomó de 4.1% a 2.4%, la violencia se intensificó y la percepción de corrupción en los gobiernos locales se mantiene en niveles que ninguna ciudad mexicana ha logrado revertir. Las que avanzan lo hacen por tres razones concretas: empleo formal, seguridad y gobiernos con autonomía fiscal.
La metodología: 72 ciudades, 372 municipios, 35 indicadores
El ICU 2026 evalúa 72 ciudades que integran a 372 municipios del país, con una metodología que involucra 35 indicadores agrupados en seis subíndices, con resultados divididos en cuatro categorías por número de habitantes. Estas ciudades representan entre 80% y 90% del PIB nacional y albergan a 62% de los mexicanos, por lo que su desempeño es fundamental para el desarrollo y la competitividad del país.
El diagnóstico nacional: tres retrocesos estructurales
El crecimiento económico promedio de las zonas metropolitanas cayó de 4.1% a 2.4% respecto a la edición anterior, la violencia se intensificó en varias ciudades, y la percepción de corrupción se mantiene en niveles elevados en todas las urbes. La percepción de prácticas corruptas es frecuente en las ciudades mexicanas: el promedio nacional es 82.65%, y aun en la ciudad con menor percepción — Mérida, con 69.79% — este flagelo supera los dos tercios de la población. En contraste, las ciudades mostraron avances en los subíndices de Infraestructura y Sistema político y Gobiernos, donde se observan mejoras en conectividad digital, provisión de servicios básicos y autonomía fiscal en varias zonas metropolitanas.
Las tres condiciones que separan a las ciudades que avanzan de las que se quedan atrás
Las ciudades con mayores avances comparten una combinación de al menos dos de tres condiciones estructurales: mercado de trabajo con alta participación en el empleo formal y mayor productividad; entorno de seguridad que atrae talento, con tasas de homicidio comparativamente moderadas; y gobierno local con mayor capacidad de acción, que se traduce en autonomía fiscal para invertir sin depender de transferencias federales y menor percepción de corrupción.
Los casos más relevantes
Querétaro registró el mayor aumento entre las ciudades de más de un millón de habitantes, escalando al primer lugar nacional, relevando a Guadalajara y dejando por detrás a Monterrey y Ciudad de México. Querétaro lidera en ingresos propios con 61.88% — el indicador de autonomía fiscal más alto del grupo de ciudades de más de un millón de habitantes — y registra 69.92% de percepción de corrupción, el más bajo de su categoría.
Culiacán cae del lugar 11 al 19 por el alza en la inseguridad desde finales de 2024: la tasa de homicidios alcanzó 60.10 por cada 100 mil habitantes, la percepción de seguridad cayó a 16.25% y las agresiones a periodistas llegaron a 25.08 por cada millón de habitantes.
En Morelos, el ICU 2026 reprobó a Cuernavaca y Cuautla en economía, seguridad y gobierno — un resultado que cobra especial relevancia dado que Cuautla es el municipio cuyo alcalde fue detenido por la FGR hace apenas días por vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Irapuato subió seis lugares en su categoría, del lugar 14 al 8, impulsado por mejoras en salario promedio, reducción de jornadas laborales excesivas, menor percepción de corrupción, conectividad digital, vivienda vertical e inclusión financiera.
En el extremo de las ciudades con menores avances, Acapulco registra 95.7 homicidios por cada 100 mil habitantes — más de 30 veces la tasa de Mérida — y Tijuana registra el mayor nivel de percepción de corrupción del país con 92.56%.
Las recomendaciones del IMCO para los gobiernos locales
A partir de los hallazgos del ICU 2026, el IMCO identifica tres prioridades de política pública.
En diversificación económica, propone crear un Fondo de Diversificación Productiva para ciudades con alta concentración sectorial — como Campeche con alta dependencia del petróleo — con recursos condicionados a proyectos de atracción de inversión en sectores nuevos, evaluados por resultados medibles: empleos formales creados e inversión atraída, no por proyectos presentados. El modelo de referencia es el Plan de Industria Euskadi 2030 del País Vasco, orientado a digitalización, automatización e innovación.
En formalización laboral, propone reformar gradualmente el esquema de cuotas al IMSS con escalonamiento por tamaño de empresa y nivel salarial, reduciendo el costo de entrada al sistema para micro y pequeñas empresas. El modelo SIMPLE de Uruguay redujo la carga de formalización en 40% para microempresas y aumentó la formalidad 12 puntos porcentuales en los sectores objetivo; en México, el RESICO avanzó en la parte fiscal pero no toca el principal desincentivo: las cuotas patronales.
En fiscalidad local, propone modernizar los catastros municipales con imágenes satelitales e inteligencia artificial, vinculando transferencias federales a la mejora verificable de la recaudación predial. El IMCO señala que Bogotá triplicó su recaudación sin aumentar tasas en diez años por esta vía, y que México tiene docenas de ciudades con catastros que no se han actualizado en décadas.
¿Qué significa para el Cabildo?
- La autonomía fiscal es el indicador que más diferencia a los municipios competitivos de los que no lo son: Querétaro lidera con 61.88% de ingresos propios. La media nacional está muy por debajo. Un Cabildo que depende en más del 70% de transferencias federales para operar no tiene capacidad real de invertir en lo que su ciudad necesita — solo puede gastar lo que el gobierno federal decide enviar. Aumentar la recaudación propia de predial, derechos y aprovechamientos no es una opción de gestión: es la condición estructural de la competitividad municipal.
- El catastro municipal desactualizado es la causa más evitable del rezago en recaudación predial: El IMCO lo dice con datos: Bogotá triplicó su recaudación predial sin aumentar tasas en diez años, simplemente actualizando su catastro. México tiene docenas de ciudades con catastros que no se han actualizado en décadas. La modernización catastral con imágenes satelitales e inteligencia artificial ya no es una inversión prohibitiva — es una herramienta disponible. El Cabildo que no ha revisado cuándo fue la última actualización de su catastro y cuántos predios están subvaluados o sin registrar está dejando recursos propios sobre la mesa año tras año. La recomendación del IMCO es precisa: vincular las transferencias federales a la mejora verificable de la recaudación predial es el incentivo que puede mover a los Ayuntamientos que no lo hagan por iniciativa propia.
- La percepción de corrupción del 82.65% promedio nacional no es una estadística abstracta — es el costo de operar en una ciudad: Las empresas, el talento calificado y la inversión se mueven hacia donde el costo de la corrupción es menor. Tijuana con 92.56% y Cuernavaca en el grupo de ciudades reprobadas en gobierno no son datos aislados: son señales de que la confianza institucional en esos municipios ha tocado un piso que se traduce en menor inversión, menor empleo formal y menor calidad de vida. El Cabildo que reduce la percepción de corrupción — con transparencia activa, sesiones transmitidas, contratos publicados y cero exenciones discrecionales — no solo cumple la ley: mejora la posición competitiva de su ciudad en el próximo ICU.
Fuente: IMCO — Índice de Competitividad Urbana 2026, publicado el 2 de junio de 2026 en https://imco.org.mx/indice-de-competitividad-urbana-2026-2/
