El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora dictó sentencia definitiva contra Carlos Castro Martín del Campo, ex tesorero del Ayuntamiento de Nogales, por la comisión de la falta administrativa grave de abuso de funciones. La inhabilitación lo impide ejercer cualquier cargo público durante dos décadas.
La resolución, correspondiente al expediente RA-71/2023 de la Sección Especializada en Materia de Anticorrupción, acredita que el ex funcionario operó un esquema irregular de tercerización de nómina durante la administración 2018-2021, encabezada por el entonces alcalde Jesús Pujol Irastorza, hoy diputado federal por Morena.
El mecanismo consistía en contratar una empresa de outsourcing para el pago de empleados municipales. La empresa recibía los recursos del Ayuntamiento destinados a salarios e impuestos, pero retenía las contribuciones fiscales sin enterarlas al SAT, generando un daño patrimonial superior a los 17 millones de pesos y afectaciones directas en las declaraciones fiscales de los trabajadores municipales.
La actual titular de la Tesorería Municipal, Julia Patricia Huerta, confirmó que al inicio de su gestión en 2021 detectó y frenó estas prácticas, que eventualmente derivaron en multas y recargos por parte del SAT. El alcalde Juan Francisco Gim Nogales anunció que el proceso no concluye con la sanción administrativa — se impulsará un juicio adicional para recuperar los recursos públicos faltantes.
¿QUÉ SIGNIFICA PARA EL CABILDO?
- El esquema de retener ISR sin enterarlo al SAT es más común de lo que parece en los Ayuntamientos de México. Ocurre cuando la Tesorería retiene el impuesto del salario de los trabajadores pero no lo transfiere al SAT en tiempo y forma — ya sea por problemas de liquidez, negligencia o intención. El resultado es el mismo: deuda fiscal acumulada, multas, recargos y eventual responsabilidad administrativa para el tesorero en turno.
- Los Síndicos y Regidores tienen la obligación de verificar que los enteros al SAT se realicen puntualmente. Soliciten a la Tesorería Municipal la constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales — si no existe o no se actualiza mensualmente, es una señal de alerta que debe atenderse en Cabildo.
- Los esquemas de outsourcing en nóminas municipales agravan este riesgo al añadir un intermediario que puede retener contribuciones sin que el Ayuntamiento lo detecte oportunamente. La Contraloría Municipal debe auditar estos contratos de forma periódica.
- Una inhabilitación de 20 años es la sanción administrativa más severa prevista en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Este caso confirma que los Tribunales de Justicia Administrativa aplican la ley — y que la sanción administrativa no extingue la obligación de resarcir el daño patrimonial.
Fuente: El Imparcial / El Diario de Sonora — 15 de mayo de 2026.
