El Cabildo de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, aprobó el 7 de junio de 2026 la erogación de 8,193.50 pesos para el programa de estímulos económicos a los elementos de la corporación de Seguridad Pública y Seguridad Vial, diferenciados por categoría — mandos A, mandos B y personal operativo. El monto es modesto, pero la decisión toca uno de los problemas estructurales más documentados del municipalismo mexicano: la precariedad laboral de las policías locales como causa directa de corrupción, deserción y baja efectividad institucional.
La primera Síndica municipal de Atizapán, Armida Álvarez Gutiérrez, destacó durante la sesión que el acuerdo quedó establecido en los artículos 36, 37, 38, 41 y 42 del Reglamento de las Comisiones Edilicias del municipio. El Cabildo aprobó por mayoría de votos la solicitud presentada por el director de Seguridad Pública y Seguridad Vial, y se instruyó a la Tesorería Municipal a realizar las acciones administrativas necesarias para su cumplimiento. El monto autorizado de 8,193.50 pesos será entregado en una sola exhibición mediante tarjetas electrónicas individuales asignadas a los elementos beneficiados, y el documento fue turnado al secretario del Ayuntamiento para su publicación en la Gaceta Municipal.
El contexto nacional: la policía municipal opera en precariedad laboral
La decisión de Atizapán no ocurre en el vacío. Según el análisis “Policía Desprotegida” de México Evalúa, en 2023 solo 18% de las policías municipales contaba con un fondo de ahorro para el retiro, y menos de 8% tenía acceso a crédito para vivienda. La falta de acceso a estas prestaciones condena a los elementos a vivir en pobreza patrimonial. La reducción de recursos en los últimos años limita la capacidad de los municipios para mejorar los estándares laborales de sus policías. Respecto a 2014, el gasto en seguridad y prevención ha caído 88% en subsidios discrecionales — en un contexto de violencia persistente.
La ENCIG 2025 del INEGI, publicada hace apenas días, confirma la consecuencia directa de esa precariedad: el contacto con autoridades de seguridad pública es el trámite con mayor incidencia de corrupción en México, con 63.5% de los ciudadanos que los contactaron reportando un acto de corrupción. La conexión entre precariedad laboral policial y corrupción no es una inferencia — está documentada: un elemento que no tiene fondo de retiro, no tiene crédito de vivienda y no tiene estímulos de desempeño tiene menos razones institucionales para resistir la corrupción.
Los fondos federales que los Ayuntamientos tienen disponibles — y que pocos usan bien
El Consejo Nacional de Seguridad Pública, mediante Exhorto 02/XLVIII/22, conminó a los municipios a destinar por lo menos el 20% de cada ministración del FORTAMUN a necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública, en cumplimiento a los Programas con Prioridad Nacional vigentes. El SESNSP publica anualmente Directrices para proyectos de reestructuración y homologación salarial y mejora de las condiciones laborales de las policías municipales. Adicional al FORTAMUN, los municipios tienen acceso al FASP a través de sus estados y al FOFISP para fortalecer sus instituciones de seguridad. Sin embargo, la mayor parte de estos recursos se destina a cubrir gasto corriente — sueldos, gasolina, mantenimiento vehicular — quedando poco margen para proyectos de mejora, profesionalización y desarrollo institucional.
¿Qué significa para el Cabildo?
- El estímulo económico aprobado por el Cabildo de Atizapán es replicable — y debería ser la norma, no la excepción: Que un Cabildo apruebe en sesión formal un programa de estímulos diferenciados por categoría, con entrega a través de tarjetas electrónicas individuales y publicación en Gaceta Municipal, es exactamente el procedimiento correcto. Transparente, documentado y con respaldo reglamentario. El monto es menor, pero el proceso es el que todo municipio debería seguir. Los Regidores que quieran replicar esta práctica deben verificar que su municipio tiene un Reglamento de Comisiones Edilicias que la respalde y que los fondos utilizados — FORTAMUN, recursos propios o FASP — estén correctamente etiquetados.
- El 20% del FORTAMUN para seguridad es un mandato del Consejo Nacional de Seguridad Pública — no una opción: Muchos Ayuntamientos no destinan el 20% mínimo del FORTAMUN a seguridad pública que el Consejo Nacional exhortó en 2022. Los Regidores deben preguntar a la Tesorería cuánto se ha destinado del FORTAMUN a seguridad en el ejercicio actual, qué proyectos específicos se financiaron y si existe un informe trimestral presentado al SESNSP. Lo que no se reporta, no existe para el sistema federal — y lo que no existe para el sistema federal no genera recursos adicionales en el siguiente ejercicio.
- Mejorar las condiciones laborales de la policía municipal es la inversión con mayor retorno en seguridad: La ENCIG 2025 documenta que la policía municipal es el espacio de mayor corrupción del país. México Evalúa documenta que solo 18% tiene fondo de retiro y menos de 8% tiene crédito de vivienda. La conexión es directa: un elemento con prestaciones, estímulos documentados y perspectiva de carrera tiene más razones para comportarse institucionalmente. Un Cabildo que destina recursos a estímulos de desempeño, homologación salarial y mejora de condiciones laborales no está siendo generoso con su policía — está siendo estratégico con su seguridad pública.
Fuentes: La Jornada Estado de México — Alejandra Reyes, 7 de junio de 2026. México Evalúa — “Policía Desprotegida” y “Seguridad sin prioridad 2026”. SESNSP — FORTAMUN 2026, Exhorto 02/XLVIII/22. ENCIG 2025 INEGI.
