En una sesión de más de dos horas que derivó en tres extraordinarias, el Cabildo de Acatlán de Osorio, Puebla, aprobó el 8 de junio de 2026 con ocho votos a favor, uno en contra y una abstención, solicitar formalmente al Congreso del Estado el inicio del procedimiento de revocación de mandato de la Presidenta Municipal Guadalupe Lucero Bárcenas, emanada de Morena. Las acusaciones incluyen irregularidades en el manejo de recursos públicos, falta de transparencia financiera, brecha salarial con los Regidores, cobros irregulares de elementos de tránsito y la retención de salarios a trabajadores para obligarlos a asistir a eventos de la alcaldesa. Al concluir la sesión, la Regidora que presentó el punto de acuerdo responsabilizó públicamente a la alcaldesa y al Director de Seguridad de cualquier daño a su integridad física o a la de su familia.
Lo que ocurrió en sesión: acusaciones, documentos y tensión
La regidora Juliana Isabel Jiménez Velázquez, presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables, presentó el punto de acuerdo durante la sesión ordinaria acusando falta de diálogo, imposiciones y abuso de poder por parte de la alcaldesa Guadalupe Bárcenas. Entre las irregularidades señaladas destacó la disparidad salarial: Bárcenas cobra más de 80 mil pesos al mes mientras los Regidores perciben 20 mil pesos. También denunció la falta de transparencia en los gastos de la oficina de la presidenta municipal, la ausencia de espacios de trabajo para los Regidores y el hartazgo ciudadano acumulado.
Entre las acusaciones también se mencionaron presuntos cobros excesivos a ciudadanos y comerciantes por maniobras de carga y descarga en la región, señalamientos contra elementos de Tránsito y Vialidad, y la retención de salarios a trabajadores municipales para obligarlos a asistir a un evento público de la presidenta municipal.
La sesión estuvo marcada por la presencia del director de Seguridad Pública, Juan Alberto Domínguez, quien irrumpió en la sala de sesiones durante el debate — un hecho que los Regidores consideraron como acto de intimidación. La regidora Jiménez Velázquez también mencionó públicamente una presunta relación sentimental entre la alcaldesa y el propio Director de Seguridad como elemento de contexto del conflicto institucional.
En respuesta, Guadalupe Bárcenas rechazó los señalamientos y afirmó que la información financiera del Ayuntamiento está disponible en las plataformas de transparencia. Además, exhibió documentación sobre préstamos personales que, según dijo, fueron solicitados por la propia Regidora Juliana Jiménez Velázquez a la Tesorería Municipal — un contraataque directo que complejiza el panorama político interno del Cabildo.
El siguiente paso: el Síndico documenta, el Congreso decide
Como parte del acuerdo aprobado, se instruyó al Síndico municipal recopilar y documentar las inconformidades de los integrantes del Cabildo, autoridades auxiliares y representantes de diversos sectores sociales, con el objetivo de determinar si hay elementos que sustenten la petición formal de revocación de mandato ante el Congreso del Estado. Se prevé solicitar una audiencia con la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Legislativo poblano. Será el Congreso de Puebla quien determine si existen elementos para iniciar el procedimiento formal de revocación o remoción del cargo.
Al concluir la sesión, la Regidora Juliana Jiménez Velázquez hizo pública una exigencia de garantías de seguridad para ella, su familia y los integrantes del Cabildo que apoyaron el acuerdo, responsabilizando públicamente a la presidenta municipal y al director de Seguridad Pública de cualquier situación que pudiera afectar su integridad física.
El contexto: una administración con meses de conflicto acumulado
La determinación representa un hecho inédito en la administración local y abre un nuevo capítulo en la disputa política que desde hace meses enfrenta al gobierno municipal con diversos sectores de la población. En semanas recientes, ciudadanos organizaron manifestaciones para denunciar presuntas irregularidades y exigir la destitución de la alcaldesa. Acatlán de Osorio se suma así a una lista de municipios poblanos con crisis de gobernabilidad documentadas en 2026, junto con Tepeaca y Chignahuapan.
¿Qué significa para el Cabildo?
- El Cabildo tiene la atribución de solicitar la revocación de mandato del Presidente Municipal — y este caso documenta cómo se ejerce: El punto de acuerdo presentado por la Regidora, votado por mayoría y turnado al Síndico para documentación formal antes de enviarse al Congreso, es el procedimiento correcto. No es un acto de insubordinación política — es el ejercicio de una atribución institucional reconocida en la Ley Orgánica Municipal de Puebla. Los Regidores de todo el país deben conocer el procedimiento equivalente en su entidad: qué causales lo activan, quién puede solicitarlo, qué evidencia debe acompañarlo y a qué instancia legislativa se turna.
- La exigencia de garantías de seguridad por parte de la Regidora es una señal de alarma que el sistema institucional debe atender: Que una integrante del Cabildo concluya una sesión ordinaria pidiendo protección física para ella y su familia por el voto que acaba de emitir no es un detalle menor — es un indicador del nivel de presión que puede ejercerse sobre los Regidores cuando fiscalizan al Ejecutivo municipal. La irrumpción del director de Seguridad en la sala de sesiones durante el debate refuerza ese contexto. Los Regidores tienen derecho a ejercer su cargo sin intimidación, y los mecanismos para documentar y denunciar esas presiones — acta circunstanciada, denuncia ante la Fiscalía y ante la Comisión de Derechos Humanos — deben activarse de forma inmediata cuando ocurren.
- La respuesta de la alcaldesa revela una estrategia de contraataque que los Cabildos deben anticipar: Exhibir en sesión documentación sobre préstamos personales solicitados por la Regidora que impulsó el acuerdo es una táctica de desacreditación que desplaza el debate del fondo institucional al conflicto personal. Los Regidores que impulsen mecanismos de rendición de cuentas deben asegurarse de que su propia conducta institucional es irreprochable y que los argumentos que presentan al Cabildo están respaldados por evidencia documental verificable — no por señalamientos sin soporte. Lo que se lleva a sesión debe poder sostenerse ante el Congreso, la Contraloría y la ciudadanía.
Fuentes: Periódico Central, Poblanerías, Quadratín Puebla, Ángulo 7, Oronoticias Puebla, Quinceminutos, El Quinqué, EPrensa, Ambas Manos — 8 de junio de 2026.
