El conflicto institucional en el Ayuntamiento de Acatlán de Osorio, Puebla —que LGM documentó el 16 de junio con una cronología de los hechos del 8 al 16 de ese mes— entró en una nueva fase más compleja: los ocho regidores y el síndico que exigen la revocación de mandato de la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas ahora enfrentan carpetas de investigación abiertas por la FGE por presuntos delitos de extorsión, lesiones y tentativa de secuestro; denuncian sesgo de la Secretaría de Gobernación estatal a favor de la alcaldesa; y alertan sobre el riesgo de una auditoría diseñada para favorecer a la Presidencia Municipal. Al mismo tiempo, el Congreso del Estado puso en pausa el procedimiento de revocación hasta que la Auditoría Superior del Estado concluya su revisión del manejo financiero del municipio.
Lo nuevo desde el 16 de junio: una cronología de la segunda etapa
22 de junio. La Secretaría de Gobernación estatal, encabezada por Samuel Aguilar Pala, anunció los resultados de la mesa de diálogo: la SSP estatal asumió temporalmente la seguridad del municipio tras la remoción del marino Juan Alberto Domínguez López como director de Seguridad; se acordó la auditoría de recursos municipales por la ASE y la homologación de salarios de regidores; y la FGE abrió carpetas de investigación contra los ocho regidores disidentes por los presuntos delitos de extorsión, lesiones e intentos de secuestro —derivados del episodio en que interceptaron una patrulla para liberar a elementos policiales señalados de abusos. La alcaldesa Bárcenas permaneció en funciones.
25 de junio. En sesión extraordinaria — con la presencia del subdelegado de Gobernación, Isauro Rendón Vargas, como observador — el Cabildo designó nuevos titulares para las secretarías de Seguridad Pública y General: Julio César Ramírez Cortés y José Luis Guerrero, respectivamente. La alcaldesa no se separó del cargo, desmintiendo versiones que así lo afirmaban.
27 de junio. La SEGOB y el Cabildo de Acatlán acordaron facilitar la auditoría de la ASE. El subsecretario de Gobierno, Isauro Rendón Vargas, encabezó la reunión con el síndico y los regidores, quienes se comprometieron a entregar la información requerida por los auditores.
29 de junio. La alcaldesa contrajo matrimonio civil con el marino Juan Alberto Domínguez López, el exsecretario de Seguridad cuya destitución fue uno de los detonadores del conflicto. La ASE inició la auditoría integral el mismo lunes.
7 de julio. Los ocho regidores y el síndico David Fernando Chico se presentaron ante medios de comunicación en el Zócalo de Puebla para denunciar tres situaciones nuevas: primero, que la Secretaría de Gobernación les mostró trato diferenciado — cuestionándolos por sus movilizaciones pero no a quienes se manifestaron a favor de la alcaldesa, entre ellos personas provenientes de Oaxaca acusadas de acarreo —; segundo, que enfrentan las carpetas de investigación como una medida de coerción, usando como ultimátum la amenaza de apertura de procesos penales; y tercero, que la auditoría de la ASE se realizó sin su presencia y sin que el síndico pudiera acceder a los puntos revisados. El mismo 7 de julio, el diputado local presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso de Puebla informó que el procedimiento de revocación de mandato quedó en pausa hasta que la ASE concluya su dictamen.
Las dos versiones vigentes: el Cabildo opositor vs. la Presidencia Municipal
La versión del bloque de regidores y el síndico es que el Gobierno del Estado actúa con parcialidad: no ha sancionado a la alcaldesa, ha usado la amenaza de carpetas de investigación como herramienta de presión, y permitió que la auditoría iniciara sin garantizar su participación como integrantes del Cabildo. La regidora Maricruz Bello Nacer lo expresó de manera directa: “lo sentimos como una medida de presión hacia nosotros; tenemos miedo a que nos hagan chalequitos a la medida”. La versión del Ayuntamiento — expresada en un comunicado del 7 de julio — es diametralmente opuesta: la administración municipal opera con normalidad, los servicios públicos no se han interrumpido, y la alcaldesa hace un llamado a los regidores a retomar el diálogo institucional y cumplir los compromisos previamente establecidos con Gobernación. Ambas versiones son acusaciones de parte; LGM las presenta como tales, sin dar por verificado ninguno de los señalamientos específicos de ninguno de los dos bandos.
¿Qué significa para el Cabildo?
- Las carpetas de investigación contra regidores no los inhabilitan automáticamente para ejercer su cargo, pero sí los colocan en una posición de vulnerabilidad institucional: mientras el proceso penal no concluya con una sentencia, los ocho regidores y el síndico conservan sus funciones; sin embargo, la existencia de indagatorias activas en su contra puede limitar su capacidad de movilización política y de negociación con el Gobierno del Estado, y puede ser usada por la parte contraria como argumento para cuestionar su legitimidad.
- La auditoría de la ASE es un instrumento de fiscalización independiente cuya credibilidad depende de que todas las partes del Cabildo puedan participar en su proceso: cuando el síndico — funcionario responsable por ley de la vigilancia patrimonial del Ayuntamiento — denuncia que no tuvo acceso a los puntos revisados en la auditoría, se genera una señal de alerta sobre la imparcialidad del proceso; cualquier Cabildo que enfrente una auditoría externa tiene el derecho de solicitar formalmente al órgano fiscalizador el acceso a los documentos y resultados del proceso.
- El uso de la amenaza de apertura de carpetas de investigación como herramienta de negociación política desnaturaliza el sistema de procuración de justicia: independientemente de si los hechos que motivaron las carpetas constituyen delitos, la FGE debe actuar con criterios jurídicos, no políticos; cuando los propios regidores denuncian que las carpetas se presentan como “ultimátum” en una mesa de negociación política, el Cabildo tiene la obligación de documentar ese señalamiento y trasladarlo a la Comisión de Derechos Humanos correspondiente.
Fuentes: El Popular Puebla | Ángulo 7 – Carpetas y amenazas | Ángulo 7 – Revocación en pausa | Quadratín Puebla – Comunicado Ayuntamiento | La Jornada de Oriente – Carpetas FGE | Diario Cambio – ASE | Ángulo 7 – Cronología
