Acatlán de Osorio, Puebla, atraviesa la crisis de gobernabilidad más severa de su actual administración: en menos de diez días, el Cabildo solicitó la revocación de mandato de la presidenta municipal, destituyó a dos de sus funcionarios de mayor confianza, hubo protestas con despliegue antimotines, y la alcaldesa respondió desconociendo los acuerdos y denunciando un intento de desestabilización vinculado al crimen organizado. La Fiscalía de Puebla ya anunció que investigará si existen nexos criminales en el Ayuntamiento.
Los antecedentes: del abucheo a la crisis de credibilidad
29 de marzo de 2026. Los primeros señalamientos públicos contra la presidenta municipal Guadalupe Lucero Bárcenas (Morena) surgen durante la Feria de Acatlán de Osorio, donde es abucheada tras acusaciones de haber favorecido a su ahijada en un certamen de belleza local.
15-16 de abril de 2026. Circulan en redes sociales fotografías de la alcaldesa en un viaje a París, lo que genera críticas que trascienden a medios estatales y nacionales.
La ruptura: el Cabildo pide la revocación de mandato
8 de junio de 2026. En sesión de Cabildo, la regidora Juliana Isabel Jiménez Velázquez expone un pliego de inconformidades: disparidad salarial (la alcaldesa percibe más de 80 mil pesos mensuales frente a 20 mil de los regidores), falta de transparencia en el gasto de la oficina de Presidencia, ausencia de espacios de trabajo para regidores, y un señalamiento de conflicto de interés por la relación sentimental de la alcaldesa con el entonces secretario de Seguridad Pública municipal, el marino Juan Alberto Domínguez López. Durante la sesión, Domínguez López ingresó al recinto —según un regidor, armado y vestido de civil— lo que los ediles calificaron como un acto de intimidación. El Cabildo aprobó, con ocho votos a favor, uno en contra y una abstención, solicitar al Congreso del Estado el inicio del procedimiento de revocación de mandato contra la alcaldesa.
11 de junio de 2026. El Congreso de Puebla, a través del presidente de la Junta de Gobierno, Pável Gaspar Ramírez, se comprometió a evaluar la solicitud, aunque precisó que no contaba todavía con una notificación formal. La Secretaría de Gobernación estatal anunció que mediaría el conflicto.
12 de junio de 2026. Los ocho regidores que respaldaron la revocación denunciaron públicamente haber sido víctimas de amenazas y hostigamiento, y anunciaron que presentarían denuncias ante la FGE y la Comisión de Derechos Humanos de Puebla.
El punto de quiebre: protestas, destituciones y un desconocimiento mutuo
15 de junio de 2026. El conflicto escaló a su punto más crítico. Decenas de manifestantes —inicialmente mujeres y personas adultas mayores— se concentraron frente al Palacio Municipal exigiendo la salida de la alcaldesa por presuntos actos de corrupción, nepotismo y desvío de recursos. La Policía Municipal desplegó un operativo con escudos antimotines, y el entonces secretario de Seguridad, Domínguez López, ordenó la retención momentánea de una manifestante, lo que intensificó la protesta. En sesión extraordinaria, ocho de los diez integrantes del Cabildo —cinco regidores de Morena, una representante de la coalición Fuerza por México-PT, una del PVEM y el síndico municipal— aprobaron por unanimidad la destitución de Domínguez López y del secretario general del Ayuntamiento, Álvaro Cruz Martínez. Horas después, la alcaldesa desconoció el acuerdo en redes sociales, argumentando que, conforme a la fracción LVI del artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal de Puebla, solo ella tiene facultad para nombrar o remover a esos cargos. En el mismo mensaje, responsabilizó directamente a María de Jesús Ocampo Álvarez y a Pedro Flores Romero, alias “El Peye” —señalado como líder del grupo delictivo “Los Rojos”—, de las amenazas de muerte que dijo haber recibido, así como de cualquier atentado futuro contra ella o su familia. Se trata de una acusación de la propia alcaldesa, no de un señalamiento confirmado por la Fiscalía.
El estado actual: intervención estatal y un caso paralelo
16 de junio de 2026. El secretario de Gobernación de Puebla, Samuel Aguilar Pala, confirmó que tanto Acatlán de Osorio como el municipio de Zapotitlán de Méndez —donde el alcalde Salvador Tino Martínez (PT) enfrenta un proceso similar— son objeto de acompañamiento institucional del Gobierno del Estado. Adelantó que la FGE intervendrá si se acreditan elementos de “encubrimiento” o “complicidad” con el crimen organizado, y subrayó que la revocación de mandato exige un procedimiento legal formal ante el Congreso, no una decisión unilateral del Cabildo.
¿Qué significa para el Cabildo?
- La pugna por facultades exhibe un vacío de claridad normativa que debe resolverse en lo formal, no en lo público: cuando un Cabildo destituye funcionarios y la Presidencia desconoce el acuerdo citando la ley, ambas partes deben acudir a una opinión jurídica formal (Congreso, Comisión de Gobernación o Tribunal de Justicia Administrativa) antes de que el conflicto se resuelva por desgaste político o presión social, evitando que la incertidumbre legal se prolongue y dañe la operación municipal.
- La revocación de mandato no sustituye el control político cotidiano del Cabildo: las inconformidades que detonaron este caso (disparidad salarial, opacidad en gasto de Presidencia, condiciones de trabajo de regidores) son temas que debieron documentarse y atenderse desde antes mediante mecanismos ordinarios de fiscalización interna (Contraloría Municipal, solicitudes de transparencia, actas de sesión), no esperar a que escalen a una crisis de gobernabilidad pública.
- Los señalamientos de vínculos con el crimen organizado —en cualquier dirección— exigen manejo institucional, no declaraciones unilaterales en redes sociales: tanto las acusaciones de la alcaldesa contra personas específicas como cualquier señalamiento de nexos criminales dentro del Ayuntamiento deben canalizarse de inmediato a la Fiscalía y documentarse, ya que mientras eso no ocurra, el municipio queda expuesto a una crisis de credibilidad institucional sin resolución clara.
Fuentes: Telediario | Quadratín Puebla | La Jornada de Oriente | Periódico Central | Urbano Puebla
