Un video grabado en noviembre de 2025 al interior de los separos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Coquimatlán, Colima, y difundido el 23 de junio de 2026 a través de la página “Alerta Coquimatlán”, desató una crisis institucional que en menos de una semana derivó en investigaciones penales de la Fiscalía General del Estado, una queja de oficio de la Comisión de Derechos Humanos, la suspensión de los elementos involucrados y la exigencia pública del Regidor de Movimiento Ciudadano, Margarito Peredia Medina, de que el Director de Seguridad Pública municipal renuncie al cargo. El caso exhibe un problema de fondo que no es exclusivo de Coquimatlán: la ausencia de mecanismos de supervisión del uso de la fuerza en corporaciones policiales municipales.
Los hechos: ocho meses entre el acto y la denuncia
De acuerdo con la denuncia formal presentada por la víctima, identificada como Gabriel “N”, los hechos documentados en el video habrían ocurrido durante el mes de noviembre de 2025. El video, difundido el 23 de junio desde la página de Facebook “Alerta Coquimatlán”, muestra a un hombre sentado en una silla y al parecer esposado de las manos, cubierto con un trapo negro en el rostro, mientras que dos policías municipales lo someten y vierten agua a la altura de la nariz y boca con el uso de una charola azul, con el propósito de asfixiarlo. El intervalo de ocho meses entre el hecho y su difusión pública plantea una pregunta institucional central: ¿existen mecanismos internos de supervisión en la corporación que habrían debido detectar, registrar y sancionar este tipo de conducta antes de que un video viral obligara a actuar?
La reacción institucional: investigaciones en cascada y suspensión de elementos
La Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHE) confirmó la autenticidad del video, abrió de oficio la queja número CDHE/1V/139/2026 y notificó formalmente al Ayuntamiento de Coquimatlán, al que concedió un plazo de 24 horas para rendir un informe detallado sobre los hechos y la probable participación de integrantes de la corporación. La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, inició una carpeta de investigación formal. El presidente municipal Luis Gerardo García Olivares (PAN-PRI) comunicó que presentó una solicitud formal para decretar la suspensión inmediata de los agentes involucrados, con el objetivo de retirarlos de las calles, desarmarlos y evitar su contacto con detenidos mientras avanza la investigación. El Ayuntamiento emitió un comunicado comprometiéndose a no ser omiso ante ninguna conducta que contraviniera la ley, los reglamentos municipales o los principios del servicio público.
La exigencia del Cabildo: renuncia del director de Seguridad Pública
El caso escaló al plano político edilicio el 29 de junio, cuando el Regidor de Movimiento Ciudadano en el Ayuntamiento de Coquimatlán, Margarito Peredia Medina, exigió públicamente la renuncia del director de Seguridad Pública municipal. El Regidor argumentó que la conducta de los elementos no puede ser atribuida exclusivamente a los agentes involucrados — el mando de la corporación tiene responsabilidad institucional sobre la cultura operativa que permite o tolera este tipo de prácticas al interior de los separos. Hasta el cierre de esta nota, el director de Seguridad Pública municipal no ha renunciado y el Ayuntamiento no ha informado sobre una decisión formal al respecto.
¿Qué significa para el Cabildo?
- La tortura en separos municipales es una responsabilidad institucional del Ayuntamiento, no solo una falta individual de los elementos: cuando un acto de este tipo ocurre en instalaciones de la corporación policial municipal, el Cabildo —a través de la Comisión de Seguridad Pública y la Contraloría Municipal— tiene la obligación de revisar si existen protocolos de uso de la fuerza, supervisión de separos y registro de detenidos, y de exigir que se implementen con carácter urgente si no los hay.
- Ocho meses sin que el acto fuera reportado internamente es una señal de alerta sobre la cultura institucional de la corporación: el hecho de que el video tardara meses en hacerse público —y que no haya evidencia de que el Ayuntamiento lo detectara por sus propios mecanismos de control— indica que los canales internos de denuncia y supervisión no funcionaron; el Cabildo puede solicitar formalmente que se revise el sistema de cámaras en separos, el registro de uso de la fuerza y los mecanismos de denuncia interna para los propios elementos policiales.
- La exigencia de renuncia de un mando policial por parte de un regidor es un acto de fiscalización válido, pero debe canalizarse también por la vía formal: la declaración pública del regidor Peredia Medina tiene valor político, pero su mayor efectividad institucional se logra cuando va acompañada de una solicitud formal ante el Cabildo —en sesión ordinaria o extraordinaria— para que el pleno se pronuncie sobre la conducción de la corporación y, en su caso, solicite al Ejecutivo municipal el relevo del mando responsable.
Fuentes: Infobae – Tortura | Infobae – Carpeta FGE | Central Municipal | Meganoticias | Vanguardia
