El asesinato del regidor de Morena Ermelo Rivera Campo el pasado 10 de junio en la comunidad de El Papayo no es un hecho aislado: es el cuarto episodio de violencia política grave registrado en Coyuca de Benítez, Guerrero, en menos de tres años. Con el proceso electoral de 2027 ya en el horizonte, el municipio costero concentra un patrón que ilustra, a escala local, el problema que organizaciones como Causa en Común han documentado a nivel nacional: el crimen organizado busca incidir en quién gobierna y quién aspira a gobernar en los municipios de mayor conflictividad del país.
Cuatro años, cuatro hechos, el mismo municipio
La cronología de violencia política en Coyuca de Benítez es sistemática y acumulativa:
2023. Trece agentes policiales fueron asesinados en una emboscada en la propia comunidad de El Papayo. En el mismo ataque perdió la vida el entonces secretario de Seguridad Pública municipal. El hecho exhibió la capacidad operativa de los grupos armados para neutralizar de un solo golpe a la cúpula de la corporación policial de un municipio.
29 de mayo de 2024. José Alfredo Cabrera Barrientos, candidato opositor a la alcaldía, fue ejecutado a quemarropa durante su evento de cierre de campaña. El hecho tuvo repercusión internacional y se convirtió en uno de los casos más documentados de violencia electoral en México durante ese año.
28 de febrero de 2025. Jaime Maciel, director de Seguridad Pública municipal, fue asesinado a balazos. En menos de dos años, el municipio había perdido dos titulares del área de seguridad más a doce elementos.
10 de junio de 2026. Ermelo Rivera Campo, regidor de Morena en funciones, ex secretario de Finanzas de la administración municipal anterior y uno de los aspirantes mejor posicionados de su partido para la candidatura a la alcaldía en 2027, fue interceptado por hombres armados junto con un acompañante en una calle del centro de El Papayo y asesinado a balazos. Ambas víctimas quedaron sin vida al interior de la camioneta en que viajaban. Hasta la fecha, la Fiscalía General de Guerrero no ha informado sobre detenidos ni sobre el móvil confirmado del ataque.
El perfil de la víctima y sus vínculos políticos
Rivera Campo no era un actor político menor en la región. Distintas fuentes lo identifican como figura cercana al grupo político del dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona, y también como parte de la red de influencia del fallecido César Núñez, con presencia histórica dentro del partido en Guerrero. Su trayectoria como ex secretario de Finanzas y su trabajo de posicionamiento en la base social del municipio —que incluía, según medios locales, acciones de promoción directa entre la población— lo ubicaban entre los perfiles con mayores posibilidades de obtener la candidatura morenista en 2027. Su asesinato elimina a uno de los actores políticos con mayor visibilidad en el municipio y modifica de manera significativa el mapa de aspirantes para el próximo proceso electoral.
El patrón: no es violencia reactiva, es violencia estructural
Lo que ocurre en Coyuca de Benítez es consistente con el diagnóstico que Causa en Común presentó días después del homicidio de Rivera Campo: en municipios con alta presencia del crimen organizado, la violencia política no busca solo intimidar —busca determinar quién llega al poder y quién no. Los blancos seleccionados en Coyuca de Benítez en estos tres años comparten una característica: todos tenían o aspiraban a tener control sobre dos recursos clave para cualquier grupo delictivo en un municipio: la seguridad pública y el presupuesto. Esa lógica convierte al proceso electoral de 2027 en una ventana de riesgo que las autoridades federales, estatales y electorales deben atender con anticipación, no con reacción.
¿Qué significa para el Cabildo?
- Los municipios con historial de violencia política deben construir su diagnóstico de riesgo ahora, no cuando inicie el proceso electoral: el ciclo de Coyuca de Benítez muestra que los ataques no esperan a que arranque la campaña; el Cabildo puede acordar formalmente la elaboración de un diagnóstico de riesgo para sus integrantes y para los perfiles políticos del municipio, y gestionarlo ante las mesas de seguridad estatales y federales con la debida antelación.
- La vacancia de un regidor en funciones activa un procedimiento legal que el Cabildo debe atender con urgencia: la muerte de un integrante del cuerpo edilicio exige un proceso de sustitución conforme a la Ley Orgánica Municipal del estado; la Sindicatura debe verificar que ese proceso se cumpla en los plazos establecidos para evitar un vacío de representación que debilite aún más la institucionalidad del Ayuntamiento.
- El control de la seguridad pública municipal y del presupuesto son los dos activos que el crimen organizado busca controlar a nivel local: los Cabildos en municipios de alta conflictividad deben fortalecer los mecanismos de supervisión sobre la corporación policial y sobre el ejercicio del gasto, no solo como obligación legal, sino como una medida concreta de reducción de riesgo institucional.
Fuentes: El Financiero | La Silla Rota | El Sur Acapulco | Heraldo de México | Azteca Noticias
