En menos de una semana, el debate sobre el transporte público en León, Guanajuato, pasó de una solicitud de los concesionarios para convocar una nueva Comisión Mixta Tarifaria (CMT) a una posición coordinada entre la alcaldesa, Alejandra Gutiérrez Campos, y los regidores de la Comisión de Movilidad: no habrá aumento al pasaje sin análisis técnico riguroso y sin que los transportistas entreguen primero sus estados financieros auditados y certificados. La postura llega en un contexto en que la tarifa actual —14 pesos en efectivo— lleva apenas año y medio vigente y el acuerdo que la estableció comprometía su estabilidad hasta finales de 2027.
La presión de los concesionarios: números que piden mesa tarifaria
El 12 de junio, Daniel Villaseñor Moreno, presidente de los Transportistas Coordinados de León, encendió la discusión al anunciar públicamente que solicitarían una reunión de la CMT para revisar la tarifa. Sus argumentos tienen respaldo en cifras concretas: desde 2019, el número de usuarios del transporte público en León ha caído un 32%; entre 2024 y 2025 se registró una baja adicional del 7%, y entre 2025 y 2026 otro 7%, lo que llevó los ingresos del sector de 2,022 millones de pesos a 1,783 millones (-13%). A ello se suman el encarecimiento del 30% en refacciones y del 50% en la compra de autobuses nuevos, así como el alza en el precio del diésel. Villaseñor señaló que el reglamento municipal establece que cuando cualquiera de esos indicadores se dispara, los concesionarios están en derecho de solicitar la revisión tarifaria, y advirtió que de no actualizarse la tarifa, el Municipio tendría que responder con un nuevo subsidio —como ocurrió en 2024, cuando el Ayuntamiento comprometió cerca de 100 millones de pesos en ese rubro.
La respuesta de la alcaldesa: descarte público con matices
El 15 de junio, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos descartó en declaraciones a medios un incremento al costo del pasaje, aunque dejó abierta la posibilidad de analizar “ajustes que beneficien a la ciudadanía” con base en los análisis técnicos y normativos aplicables. Su postura cierra, por ahora, la puerta a un aumento inmediato, pero no descarta que la CMT sesione para revisar el panorama financiero del sector.
La posición del Cabildo: evidencia antes que negociación
En ese marco, los regidores integrantes de la Comisión de Movilidad establecieron su propia condición. El regidor Guillermo Medina Plascencia (Morena) fue directo: sin estados financieros auditados y certificados de las 19 empresas concesionarias, no habrá convocatoria a una reunión de la CMT. “Cualquier empresa pública o privada tiene que presentar los números; que literalmente nos digan que ya no es costeable”, señaló, y advirtió que el alza del diésel no exime a los transportistas de cumplir con sus obligaciones de transparencia financiera. Medina Plascencia también recordó que uno de los compromisos del acuerdo de diciembre de 2024 era la entrega de 50 mil tarjetas para digitalizar el cobro del Optibús y hacerlo auditable — compromiso que tampoco ha sido cumplido en su totalidad. La regidora Dessiré Ángel Rocha (Movimiento Ciudadano) amplió la exigencia: toda la información debe estar “validada, auditada y acompañada de evidencia” sobre los compromisos de calidad de servicio, frecuencia, cobertura y modernización de unidades adquiridos en el acuerdo anterior. Añadió que el Cabildo también tiene la responsabilidad de explicar por qué la ciudadanía ha dejado de usar el transporte público — una pregunta que apunta a un problema de oferta, no solo de costos. La postura de Ángel Rocha no es nueva: en diciembre de 2024 ya había denunciado que no fue convocada para trabajar en la contrapropuesta tarifaria de la CMT anterior.
¿Qué significa para el Cabildo?
- Exigir estados financieros auditados antes de negociar una tarifa es el estándar mínimo de fiscalización, no una postura política: cuando una empresa concesionaria de un servicio público solicita un incremento, el Cabildo tiene la facultad y la obligación de requerir documentación contable certificada por un auditor externo; sin esa evidencia, el Ayuntamiento toma decisiones con información unilateral de la parte interesada.
- Los acuerdos tarifarios deben incluir mecanismos de verificación periódica, no solo compromisos en papel: el caso de León ilustra que un acuerdo sin seguimiento documentado —entrega de tarjetas, renovación de flota, calidad del servicio— pierde su capacidad de negociación futura; el Cabildo puede establecer desde el inicio un calendario de reportes verificables como condición del propio acuerdo.
- La caída sostenida de usuarios es una señal estructural que va más allá de la tarifa: una baja del 32% en siete años indica que el problema del transporte público no se resuelve solo con ajustes de precio; el Cabildo puede solicitar un estudio de origen-destino y de reconfiguración de rutas como condición paralela a cualquier negociación tarifaria, para atender la raíz del problema y no solo su expresión financiera.
Fuentes: Zona Franca | Zona Franca – Concesionarios | Periódico Correo – Alcaldesa descarta aumento | Agora GTO | AM León
