Tras el reciente homicidio de Joel Ángel Bravo Martínez, Presidente Municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, la cifra de alcaldes asesinados en funciones durante los primeros dos años del gobierno actual llegó a 11, según un recuento de la organización civil Causa en Común. Su presidenta, María Elena Morera, advirtió que la violencia política tenderá a intensificarse de cara al proceso electoral de 2027, particularmente en el ámbito municipal, y atribuyó el fenómeno a la debilidad de las fiscalías estatales para investigar estos casos.
El diagnóstico: control territorial y debilidad institucional
En entrevista con el periodista Pascal Beltrán del Río, Morera explicó que el patrón detrás de estos homicidios responde a una disputa del crimen organizado por el control de recursos y de la seguridad pública en las comunidades, no a hechos aislados. La activista advirtió que, de cara a las elecciones de 2027, es previsible un incremento de la violencia política a nivel local, en la medida en que estos grupos buscan influir o sometar a las autoridades municipales entrantes. “El mensaje a la población es brutal, porque se rompe la autoridad civil y se impone el miedo como una forma de gobierno”, señaló.
El señalamiento central: fiscalías sin capacidad de investigación
Morera dirigió su crítica principal hacia el desempeño de las fiscalías estatales, a las que calificó de incapaces para integrar carpetas de investigación sólidas incluso en los casos de mayor relevancia pública. La activista vinculó este diagnóstico con el décimo aniversario de la implementación del sistema penal acusatorio en México, subrayando que, a pesar de esa reforma judicial, la impunidad sigue siendo el principal pendiente del sistema de justicia del país.
El contexto inmediato: el caso que detonó el balance
El recuento de Causa en Común se actualizó luego del homicidio de Bravo Martínez, atacado a balazos dentro de su domicilio en San Miguel Amatitlán el sábado 13 de junio —caso que LGM documentó en una nota anterior—, y que de acuerdo con reportes de prensa había solicitado protección federal semanas antes de su muerte. Otros medios, como Excélsior, coincidieron en la misma cifra de 11 alcaldes asesinados al ubicar este caso dentro del patrón identificado por la organización.
¿Qué significa para el Cabildo?
- El diagnóstico de Causa en Común es una herramienta de gestión de riesgo, no solo un dato alarmante: los Ayuntamientos en municipios con presencia de grupos criminales pueden usar este tipo de recuentos como insumo para evaluar formalmente su propio nivel de exposición y revisar, en sesión de Cabildo, si los protocolos de protección a Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores están actualizados y activos.
- La debilidad de las fiscalías estatales exige que los municipios documenten todo, sin depender solo del seguimiento externo: ante el señalamiento de que las investigaciones suelen quedar truncas, el Cabildo y la Sindicatura deben asegurarse de que cualquier amenaza, agresión o antecedente de riesgo contra integrantes del Ayuntamiento quede formalmente denunciado y respaldado con acuse, para no depender únicamente de la capacidad de reacción de la Fiscalía.
- El proceso electoral de 2027 es una ventana de riesgo que requiere planeación anticipada, no reacción: los Ayuntamientos y los partidos políticos en municipios de alto riesgo pueden anticipar protocolos de seguridad para candidatos, autoridades electas y equipos de campaña, en lugar de esperar a que la violencia escale durante el proceso electoral mismo.
Fuentes: Imagen Radio | Excélsior
