La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó que el secuestro denunciado el 1 de junio por la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco (Morena), fue en realidad una simulación planeada desde febrero para obtener 40 millones de pesos del erario municipal y justificar un faltante de igual monto en las finanzas del Ayuntamiento. La alcaldesa fue imputada por el delito de simulación de secuestro; su audiencia formal ante juez quedó fijada para el 9 de julio.
La denuncia original: una alcaldesa dice haber escapado de sus captores
El domingo 31 de mayo, Nancy Nápoles Pacheco denunció ante el Ministerio Público que al llegar a su domicilio un automóvil rojo se acercó y dos hombres y una mujer la obligaron a subir al vehículo. Según su versión, durante el trayecto sus supuestos captores le entregaron un celular desde el cual ella misma llamó a sus familiares para informar que estaba secuestrada y que se exigían 40 millones de pesos de rescate —dinero que le sugirieron tomar directamente del Ayuntamiento. La funcionaria declaró que aprovechó un descuido de sus captores para escapar y pedir auxilio en un domicilio cercano, desde donde contactó a su esposo, quien acudió acompañado del director de Seguridad Pública municipal a llevarla a casa.
La investigación: las cámaras y los testimonios deshacen la versión
La Fiscalía analizó grabaciones de cámaras de videovigilancia que documentaron el momento en que la alcaldesa abordó el vehículo rojo: las imágenes no muestran actos de violencia, sometimiento o resistencia; por el contrario, uno de los participantes le auxilió para descender de su propio auto antes de trasladarse al otro vehículo. Adicionalmente, la propia alcaldesa habría indicado rutas para evitar cámaras de vigilancia durante el trayecto, y al percatarse del operativo policial desplegado para localizarla, llamó a una familiar pidiéndole expresamente que no avisara a la policía. Asimismo, la Fiscalía recabó el testimonio de uno de los participantes, quien declaró en sede ministerial que “todo lo estaban planeando ellos ya que pensaban pedir un rescate de 40 millones de pesos y que dicho rescate saliera del ayuntamiento ya que había un desfalco y que eso les serviría para justificar el dinero”.
Los involucrados: una red familiar y 135 llamadas de coordinación
De acuerdo con la FGJEM, la planeación inició en febrero de 2026, encabezada por el esposo de la alcaldesa, José Roberto “N”, y su cuñado, Oscar “N”. El cuñado contrató a su amigo Cristian “N”, a quien ofreció 500 mil pesos por participar; Cristian incorporó a su novia, Karla Valeria “N”, y al hermano de esta, Víctor Manuel “N”. Entre los seis participantes se documentaron 135 llamadas de coordinación entre abril y junio. Las tres personas externas a la familia fueron detenidas en Oaxaca el 11 de junio. El esposo y el cuñado de la alcaldesa permanecen prófugos. Nancy Nápoles Pacheco, exdiputada local y presidenta del Consejo Estatal de Morena en el Estado de México desde hace cinco años, no fue arrestada; la Fiscalía obtuvo una audiencia de formulación de imputación fijada para el 9 de julio, fecha en que el juez determinará si aplica prisión preventiva o si el proceso continúa en libertad. Por el delito de simulación de secuestro, los particulares involucrados enfrentan hasta 16 años de prisión; la alcaldesa, en su calidad de servidora pública, podría recibir hasta 700 jornadas de trabajo comunitario por ese delito específico. El presunto desfalco de 40 millones de pesos fue turnado de manera paralela a la Fiscalía de Combate a la Corrupción y al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) para una investigación independiente.
¿Qué significa para el Cabildo?
- Los sistemas de control interno del Ayuntamiento son la primera línea de detección de faltantes, no la última: un desfalco de 40 millones de pesos —de existir— no se genera de la noche a la mañana; la Contraloría Municipal, la Tesorería y el Órgano de Fiscalización Superior tienen la responsabilidad de detectar irregularidades de forma periódica y oportuna, sin esperar a que lleguen a la magnitud que, según la Fiscalía, motivó este caso.
- El Cabildo debe exigir acceso a información financiera actualizada, independientemente de lo que revele la investigación penal: ante un caso de esta naturaleza, los Regidores y el Síndico tienen atribuciones para solicitar formalmente a la Tesorería un corte de estados financieros y un informe de Contraloría, sin que sea necesario esperar el resultado del proceso judicial para ejercer ese control institucional.
- La imputación de un Presidente Municipal no suspende automáticamente el cargo: en tanto no exista una resolución judicial que imponga prisión preventiva o una separación acordada por el Cabildo o el Congreso local, la presidenta municipal conserva sus funciones; el Cabildo debe estar preparado para documentar con precisión cómo se garantiza la continuidad operativa del Ayuntamiento durante el proceso legal.
Fuentes: La Jornada | SinEmbargo | Infobae | Grupo Animal
