El diputado local Alberto Alfaro García (PVEM), acompañado de la diputada Brenda Carrera García y el regidor de oposición Luis Eduardo Ramírez Pérez, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Jalisco por presuntas irregularidades en la adquisición de 60 patrullas para el municipio de San Pedro Tlaquepaque, por un monto superior a los 64 millones de pesos. Los legisladores señalan que la compra se realizó mediante adjudicación directa, sin que existieran las condiciones de excepción que exige la legislación estatal para evitar el proceso de licitación pública.
La denuncia: adjudicación directa y una partida presupuestal rebasada
Los legisladores explicaron que la denuncia fue presentada en contra de servidores públicos municipales por los presuntos delitos de abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones, al considerar que la compra de 60 patrullas se realizó mediante adjudicación directa sin que existieran las condiciones de excepción previstas en la legislación estatal. El diputado Alfaro señaló que solicitará además una revisión a las finanzas municipales por parte de la Auditoría Superior del Estado y que pedirá a las autoridades competentes dar seguimiento a la ruta de los recursos públicos relacionados con este contrato. Indicó que, de acuerdo con la información expuesta, la partida presupuestal originalmente destinada para esta adquisición era inferior al monto finalmente contratado, por lo que consideró necesario que las autoridades correspondientes determinen si existieron responsabilidades administrativas o penales. Por su parte, el Regidor Luis Eduardo Ramírez Pérez manifestó que la adquisición de patrullas debió realizarse mediante un procedimiento de licitación pública y expresó su preocupación por el impacto financiero que podrían generar los contratos de arrendamiento y adquisición de vehículos en las finanzas municipales. El boletín oficial del Congreso de Jalisco precisa que esta corresponde a la novena denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción relacionada con presuntas irregularidades en la actual administración municipal.
El patrón más amplio: ocho de cada diez pesos por adjudicación directa
El caso de las patrullas no es un hecho aislado. Según el propio diputado Alfaro, de cada diez pesos que destina el gobierno de Tlaquepaque en obras, servicios y compras, ocho se asignan por adjudicación directa. Alfaro, quien preside la Comisión de Vigilancia del Congreso, precisó que ya se han presentado 31 denuncias contra la administración municipal de Morena por diversos actos de posible corrupción y abuso de autoridad, y advirtió que se está ante un posible patrón sistemático de opacidad. Entre los antecedentes más recientes de este patrón se encuentra una denuncia presentada en mayo por el mismo diputado contra la alcaldesa Laura Imelda Pérez Segura, el secretario general, el contralor municipal y los regidores responsables, por la asignación de 25 millones de pesos a una empresa particular para el servicio de recolección de basura, también señalada como un proceso realizado sin licitación durante un periodo vacacional. En abril, la Regidora del PRI, Regina Martínez, presentó otra denuncia por irregularidades en una licitación de luminarias por cerca de 45 millones de pesos, calificando el proceso como un “madruguete” por haberse aprobado durante el periodo vacacional de Semana Santa.
El contrapunto: la propia alcaldesa también ha denunciado a la administración anterior
Conviene señalar, para una imagen completa del contexto institucional, que la alcaldesa Laura Imelda Pérez Segura ha utilizado la misma vía de denuncia penal en sentido inverso: en abril de 2025, su gobierno presentó seis denuncias ante la Fiscalía General de Jalisco y la Fiscalía Anticorrupción contra la administración municipal anterior, por un presunto daño al erario de 139 millones 272 mil pesos, derivado de irregularidades documentadas en programas sociales del periodo 2021-2024. Esto sitúa el actual ciclo de denuncias en Tlaquepaque dentro de una disputa política más amplia entre administraciones y fuerzas políticas, en la que el mecanismo de la denuncia penal se ha convertido en una herramienta recurrente de ambos lados del espectro político municipal.
¿Qué significa para el Cabildo?
- La adjudicación directa no es ilegal por sí misma, pero exige justificar con precisión la condición de excepción: la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco establece supuestos específicos —urgencia, monto, proveedor único, entre otros— bajo los cuales procede evitar la licitación pública; el Cabildo debe exigir que cada adjudicación directa incluya, en el expediente correspondiente, el fundamento legal exacto que la justifica, no solo una referencia genérica a la normativa.
- Cuando la partida presupuestal aprobada es menor al monto finalmente contratado, existe una señal de alerta que el Cabildo debe revisar de inmediato: una ampliación de presupuesto sobre una partida ya aprobada requiere, en la mayoría de los marcos normativos municipales, un acuerdo adicional de Cabildo o una justificación técnica documentada; los Regidores deben solicitar formalmente esa documentación antes de que el contrato se ejecute, no después.
- Un patrón de múltiples denuncias por el mismo tipo de irregularidad (adjudicación directa) amerita una revisión integral, no solo casos aislados: cuando un municipio acumula decenas de denuncias relacionadas con el mismo mecanismo de contratación, la Contraloría Municipal y la Comisión de Transparencia y Anticorrupción del Cabildo tienen la oportunidad de solicitar una auditoría transversal de todos los contratos adjudicados de forma directa en el periodo, en lugar de atender cada denuncia de manera aislada.
Fuentes: Congreso de Jalisco | La Crónica de Hoy | UDG TV | Página 24 Jalisco | Click GDL
