El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó por unanimidad el 20 de julio un punto de acuerdo impulsado por la diputada morenista Brenda Ríos Prieto para exigir al Ayuntamiento de Chihuahua —encabezado por el alcalde Marco Antonio Bonilla Mendoza— un informe detallado sobre el destino de los 132 millones de pesos que el propio Poder Legislativo autorizó en diciembre de 2021 para la construcción de un nuevo relleno sanitario, y cuyo destino fue modificado en 2023 para financiar la ampliación del relleno actual, el desarrollo de un Complejo Ambiental y acciones de remediación. El exhorto también alcanza a la Tesorería Municipal, las Direcciones de Obras Públicas, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano, y a la Auditoría Superior del Estado.
La cronología de la deuda: tres años, dos destinos y una versión oficial del municipio
En diciembre de 2021, el Congreso autorizó al Municipio de Chihuahua la contratación de un crédito por hasta 132 millones de pesos para la construcción de un nuevo relleno sanitario. Posteriormente, en 2023, el propio Poder Legislativo aprobó modificar el destino de esos recursos para aplicarlos en la ampliación del relleno sanitario actual, el Proyecto de Complejo Ambiental y diversas acciones de remediación, distribuyéndolos de la siguiente manera: 65 millones para la ampliación del relleno sanitario actual, 60 millones para el proyecto de Complejo Ambiental y 7 millones para gastos de remediación. La versión del municipio, presentada por el propio alcalde Bonilla ante el Consejo de Desarrollo Económico Regional Chihuahua (CODER) en junio de 2026, difiere en los montos: de los 132 millones obtenidos mediante financiamiento desde 2022, 60 millones fueron destinados a la ampliación de la capacidad operativa del relleno sanitario actual, y el capital restante fue colocado en instrumentos de inversión productiva que generaron rendimientos superiores al costo de la deuda contratada. Esa discrepancia entre el destino aprobado por el Congreso (65+60+7 millones) y la versión del municipio (60 millones en obra + el resto en inversiones) es precisamente lo que el exhorto busca aclarar con documentación oficial.
Lo que exige el Congreso: siete dependencias, cinco tipos de documentos
El punto de acuerdo aprobado por unanimidad requiere información a múltiples instancias simultáneamente. A la Tesorería Municipal: pólizas contables, órdenes de pago, comprobantes fiscales, estados de cuenta del financiamiento, ministraciones, disposiciones del crédito y documentos que acrediten los pagos realizados. A las direcciones de Obras Públicas, Servicios Públicos Municipales y Desarrollo Urbano y Ecología: informe de obras, acciones y proyectos ejecutados con cargo a los recursos, incluyendo avance físico y financiero de cada uno, así como el estado jurídico, administrativo, operativo y patrimonial del predio originalmente destinado al nuevo relleno sanitario. A la Auditoría Superior del Estado: informe sobre si los recursos han sido revisados en procesos de fiscalización y, en su caso, el estado de las observaciones o procedimientos derivados. La diputada Ríos Prieto aclaró que el acuerdo no representa un señalamiento anticipado de responsabilidades, sino una acción de seguimiento al ejercicio de recursos públicos: “Cuando un gobierno solicita deuda pública no solamente adquiere un financiamiento; adquiere una obligación frente a la ciudadanía”.
El contexto: Bonilla figura en el top 10 de alcaldes mejor evaluados mientras el Congreso le pide cuentas
El exhorto llegó días después de que LGM documentara, el 13 de julio, que Marco Bonilla ocupaba el décimo lugar en el ranking nacional de alcaldes mejor evaluados por La Encuesta MX, con 56.7% de aprobación. La coexistencia de una alta aprobación ciudadana y un exhorto legislativo por rendición de cuentas de deuda pública no es contradictoria: la fiscalización del Congreso sobre el ejercicio de la deuda es una función institucional independiente de la percepción ciudadana, y el punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad — incluyendo, presumiblemente, diputados del partido del propio alcalde.
¿Qué significa para el Cabildo?
- La deuda municipal autorizada por el Congreso no termina con la aprobación del crédito: exige seguimiento documental durante toda su vigencia: el caso de Chihuahua muestra que un financiamiento contratado en 2021 puede ser objeto de exhorto legislativo en 2026 si no se acredita con documentos el destino exacto de cada peso; el Cabildo debe garantizar que la Tesorería mantenga un expediente completo y actualizado de cada crédito vigente, con sus ministraciones, los pagos realizados y las obras financiadas, disponible para cualquier requerimiento del Congreso o de la Auditoría Superior.
- La modificación del destino de una deuda aprobada requiere una nueva autorización legislativa, y esa nueva autorización también debe ejecutarse conforme a lo estipulado: cuando el Congreso aprueba que los recursos de un crédito se redirigen de un proyecto a otro, el municipio queda obligado a ejecutar el nuevo destino tal como fue autorizado; cualquier variación adicional — como colocar parte de los recursos en instrumentos de inversión en lugar de en obra — puede generar observaciones de la Auditoría si no está respaldada por un acuerdo legislativo expreso.
- El Cabildo tiene una función de supervisión del ejercicio de la deuda que no puede delegarse exclusivamente a la Tesorería ni esperar a que el Congreso exija cuentas: los Regidores de la Comisión de Hacienda y el Síndico pueden solicitar en sesión ordinaria un informe trimestral sobre el estado de cada crédito vigente — monto contratado, recursos ejercidos, pendientes de aplicar y avance físico de las obras financiadas — como mecanismo de control interno que anticipe cuestionamientos externos.
Fuentes: Congreso de Chihuahua – Comunicado oficial | Pausa MX | El Diario de Chihuahua | Municipio de Chihuahua – Versión municipal | Código 13 Parral
