El asesinato del presidente municipal de Temoac, Morelos, Valentín Lavín Romero, el 22 de julio — documentado por LGM el día anterior — elevó a 14 la cifra de alcaldes asesinados desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, según el recuento de múltiples medios y organizaciones civiles. El dato es alarmante por su velocidad: en menos de dos años de administración, la cifra ya representa la mitad de los 28 casos registrados durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto — el periodo más mortífero para alcaldes en la historia reciente de México. Especialistas, organizaciones civiles y legisladores coinciden en que el patrón revela una vulnerabilidad estructural del sistema municipal mexicano que ninguna estrategia de seguridad ha logrado revertir.
El conteo verificado: tres años, tres etapas, un patrón acelerado
En lo que va de la administración federal se han registrado tres asesinatos de alcaldes en 2024, siete durante 2025 y ya tres en 2026 — antes del asesinato de Temoac — para acumular 14 casos al 22 de julio. El desglose por año revela una aceleración preocupante: los siete casos de 2025 duplicaron los tres de los primeros tres meses del sexenio, y el ritmo de 2026 —tres casos en apenas siete meses— supera la tasa anual de los primeros años de los tres sexenios anteriores. La cifra se acerca a la mitad del sexenio presidencial más mortífero para los alcaldes, que fue el del exmandatario Enrique Peña Nieto, con 42 casos. Según el seguimiento de Integralia Consultores y Causa en Común, tan solo durante el año 2025 se registraron 382 incidentes de violencia política, de los cuales casi la mitad (49.2%) correspondieron a homicidios dolosos, y en el primer semestre de 2025 se documentaron 112 homicidios de políticos y funcionarios.
Por qué son los municipios el epicentro de la violencia política
Organizaciones de la sociedad civil y consultoras independientes como Integralia Consultores, Data Cívica y Causa en Común advierten que el ámbito municipal es el epicentro de este problema, pues más del 75% de los ataques se dirigen contra políticos locales, consolidando a las alcaldías y regidurías como el eslabón más frágil de la democracia mexicana. La razón no es aleatoria: controlar la alcaldía le permite al crimen organizado manejar las policías locales, la obra pública y el cobro de impuestos en zonas de influencia. El senador panista Mario Vázquez, presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado, lo expresó de manera directa al presentar un punto de acuerdo en julio: “Esto es el reflejo del abandono y el desprecio del Gobierno Federal hacia los municipios. Los han dejado solos frente al crimen organizado, en una omisión que ya es criminal por sus consecuencias.”
El mapa de los 14 casos: pequeños y medianos municipios, estados del sur y del occidente
La lista nominal de los 14 alcaldes asesinados en el sexenio actual, conforme al conteo verificado por el Senado al 28 de junio y actualizado con los casos de julio, revela un patrón geográfico y demográfico muy claro: la mayoría son presidentes municipales de municipios pequeños o medianos, sin acceso a esquemas robustos de seguridad pública. Los estados más afectados son Michoacán (con al menos cuatro casos: Tacámbaro, Tepalcatepec, Uruapan, Cotija), Oaxaca (al menos tres: San Miguel Amatitlán, San Mateo Piñas y San Miguel Yogovana) y Guerrero (Chilpancingo y Metlatónoc). Solo el caso de Chilpancingo corresponde a una capital estatal; el resto son municipios alejados de los centros urbanos, con corporaciones policiales de capacidad limitada y sin mecanismos de protección personal para sus autoridades. En contraste, otros asesinatos continúan sin resultados judiciales concluyentes dados a conocer públicamente, lo que refuerza la percepción de impunidad como un factor que agrava el ciclo de violencia.
La respuesta institucional: exhortos, puntos de acuerdo y una estrategia que no alcanza
El Senado de la República presentó un punto de acuerdo para exigir al Gobierno federal el esclarecimiento de los casos. La Mesa de Coordinación para la Paz en Morelos se declaró en sesión permanente tras el asesinato de Temoac. La Fiscalía General de la República anunció coordinación con los estados en cada caso individual. Pero hasta hoy no existe una estrategia federal específica para la protección de alcaldes en funciones — a diferencia, por ejemplo, del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que tiene un protocolo de solicitud, evaluación y asignación de medidas. Al Ejecutivo de Sheinbaum aún le restan cuatro años y la cifra se acerca a la mitad del sexenio presidencial más mortífero para los alcaldes. Si la tasa se mantiene, el sexenio actual podría superar todos los registros históricos antes de su conclusión. Zócalo
¿Qué significa para el Cabildo?
- La seguridad personal de los integrantes del Ayuntamiento debe ser un punto de agenda formal del Cabildo, no una responsabilidad individual del alcalde: los 14 casos documentados muestran que el riesgo no distingue entre partidos, estados o tamaño del municipio; el Cabildo puede acordar en sesión la elaboración de un diagnóstico de riesgo institucional para todos sus integrantes — no solo el presidente municipal — y solicitar formalmente su atención ante las mesas de seguridad estatales y federales.
- La ausencia de un mecanismo federal específico de protección a alcaldes es una laguna institucional que los Cabildos pueden demandar colectivamente: a través de la Asociación de Municipios de México (AMMAC), la Conferencia Nacional de Municipios de México (CONAMM) o las asociaciones estatales de presidentes municipales, los Cabildos pueden presentar una postura unificada ante la Federación exigiendo la creación de un protocolo de evaluación y protección para alcaldes en riesgo, similar al que existe para periodistas y defensores.
- La impunidad en los casos de alcaldes asesinados debilita la gobernabilidad municipal en todo el país, no solo en los municipios afectados: cuando el crimen organizado asesina a un presidente municipal sin consecuencias judiciales visibles, el mensaje llega a todos los Cabildos del país; los Ayuntamientos pueden solicitar formalmente a sus Fiscalías estatales un informe sobre el estado de las investigaciones de cada caso ocurrido en su entidad, como mecanismo de presión institucional para que los casos no queden en el olvido.
Fuentes: El País | RT – Contexto histórico | UnoTV – Conteo 13 casos | Periódico Zócalo – 14 casos | El Bordo – Senador Vázquez | Azteca Noticias – Lista completa
