La Secretaría de Servicios Públicos Municipales de Solidaridad, Quintana Roo — el Ayuntamiento que abarca Playa del Carmen — mantiene procedimientos administrativos activos contra más de 30 predios en estado de abandono por acumulación de basura, maleza y materiales que representan riesgos para la salud pública. El mecanismo combina la identificación de propietarios mediante herramientas de geolocalización y cartografía catastral con un plazo de respuesta de 24 horas, después del cual las autoridades levantan el acta que permite dar continuidad al proceso. La directora de Normatividad y Saneamiento Ambiental, Liane Alin Ake Canto, aclaró también el límite que la ley impone al Ayuntamiento: no puede ingresar directamente a predios privados para realizar trabajos de limpieza, salvo que exista un riesgo comprobado para la salud pública o la seguridad.
El procedimiento paso a paso: identificación, citatorio, acta y continuación
El proceso que el Ayuntamiento de Solidaridad ha puesto en marcha para atender los predios abandonados opera en etapas bien definidas. El primer paso es la identificación del propietario: en coordinación con la Dirección de Catastro, la Secretaría de Servicios Públicos utiliza herramientas de geolocalización y cartografía oficial para localizar a los dueños de los terrenos, incluso cuando se trata de propiedades cuyo titular es difícil de ubicar por medios convencionales. Una vez identificado el propietario, se emite un citatorio formal con un plazo de respuesta de 24 horas — uno de los más breves documentados en procedimientos similares en el país. Si el propietario no atiende el citatorio en ese plazo, el Ayuntamiento levanta el acta correspondiente para dar continuidad al procedimiento administrativo. La acumulación de basura y maleza en predios abandonados genera riesgos concretos documentados: proliferación de fauna nociva (mosquitos, roedores, reptiles), riesgo de incendio por material seco, y deterioro de la calidad de vida y de la imagen urbana de los barrios y colonias aledañas.
El límite jurídico que la funcionaria señala: propiedad privada vs. interés público
Uno de los datos más relevantes de la nota es la aclaración que la propia funcionaria hace sobre lo que el Ayuntamiento no puede hacer: ingresar de manera directa a propiedades privadas para realizar trabajos de limpieza. La legislación vigente — tanto la Ley General de Bienes Nacionales como los ordenamientos estatales y municipales que regulan la propiedad privada — establece que la autoridad municipal no puede intervenir en inmuebles particulares sin la autorización del propietario o sin una causa legalmente calificada. La excepción es cuando existe un riesgo comprobado para la salud pública o la seguridad de la población, condición que debe ser determinada por la autoridad competente y que habilita una intervención diferente — no la limpieza rutinaria, sino una acción de emergencia sanitaria. Este límite es relevante porque muchos Ayuntamientos enfrentan la presión ciudadana de limpiar predios abandonados sin tener claridad sobre su facultad legal para hacerlo; el caso de Solidaridad ilustra el procedimiento correcto: notificación, plazo, acta y continuación del proceso administrativo — no intervención directa unilateral.
Por qué la geolocalización catastral cambia el alcance del procedimiento
El uso de herramientas de geolocalización y cartografía oficial en coordinación con el Catastro Municipal es un elemento que distingue este procedimiento de los esquemas tradicionales de atención a predios abandonados — que dependían de la denuncia ciudadana y del recorrido físico de inspectores. La integración de esas herramientas permite al Ayuntamiento identificar de manera sistemática los predios en situación de abandono en toda la ciudad, no solo los que los vecinos reportan, y ubicar a los propietarios incluso cuando son personas morales, inversionistas no residentes o propietarios fuera del municipio — un perfil frecuente en un destino turístico como Playa del Carmen, donde una parte significativa del inventario de terrenos pertenece a propietarios nacionales o extranjeros que no residen en la localidad.
¿Qué significa para el Cabildo?
- El procedimiento administrativo contra predios abandonados requiere un fundamento reglamentario claro que defina plazos, sanciones y los supuestos de intervención directa: el caso de Solidaridad muestra que el Ayuntamiento puede actuar con firmeza (30 predios bajo proceso, 24 horas de plazo) dentro del marco legal, siempre que ese marco esté definido en el reglamento municipal correspondiente; los Cabildos que no cuenten con un reglamento de saneamiento ambiental o de uso y conservación de predios pueden acordar su elaboración como medida de política urbana preventiva.
- La integración entre Catastro y Servicios Públicos es clave para escalar el procedimiento más allá de las denuncias ciudadanas: cuando el Ayuntamiento puede identificar predios problemáticos mediante cartografía catastral sin depender exclusivamente de los reportes de los vecinos, el procedimiento se vuelve sistemático y territorial — no reactivo y puntual; los Cabildos pueden solicitar a las dependencias de Catastro y Servicios Públicos una revisión conjunta del padrón de predios sin construcción o sin actividad para identificar los casos de mayor riesgo sanitario.
- El límite legal de no poder ingresar a propiedad privada para limpiar no exime al Ayuntamiento de agotar el procedimiento administrativo hasta sus últimas consecuencias: cuando un propietario no responde al citatorio, no atiende el acta y no ejecuta la limpieza, el Ayuntamiento tiene vías adicionales: multas progresivas, inscripción en el registro de infractores catastrales y, en casos de riesgo sanitario comprobado, solicitud de intervención a la autoridad estatal de salud; el Cabildo puede solicitar a la Dirección Jurídica un informe sobre el catálogo completo de medidas disponibles y cuántos de los 30 predios actuales han agotado la vía administrativa sin resultado.
Fuentes: Quintana Roo Hoy
