El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) de Michoacán confirmó que el estado enfrenta un déficit del 40% en su plantilla de policías municipales: los 113 Ayuntamientos deberían contar con al menos 6 mil 800 agentes, pero solo tienen el 60% de esa cifra. De los 113 municipios, únicamente Áporo y Zitácuaro cumplen simultáneamente con las exigencias de personal y certificación establecidas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tres municipios —Aquila, Nocupétaro y Tumbiscatío— no cuentan con ningún policía municipal. El dato confirma con cifras oficiales lo que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ya había advertido en julio: “prácticamente ningún municipio cumple con el estado de fuerza que solicita el Sistema Nacional de Seguridad Pública”.
El estándar federal: 1.8 policías por cada mil habitantes y la brecha michoacana
El parámetro que el Sistema Nacional de Seguridad Pública establece para la policía municipal es de 1.8 elementos por cada mil habitantes. Sobre esa base, Michoacán — con una población aproximada de 4.7 millones de personas — debería contar con al menos 6 mil 800 agentes municipales distribuidos en sus 113 municipios. De acuerdo con el SESESP, prácticamente se tienen cubiertos el 90% de los municipios con el equipamiento correspondiente, lo que indica que el déficit es principalmente de personal, no de patrullas o equipo. El déficit del 40% equivale a aproximadamente 2 mil 700 elementos faltantes — un número que, repartido entre 113 municipios, representa alrededor de 24 policías adicionales que en promedio necesita cada Ayuntamiento para llegar al estándar federal. En la práctica, la distribución no es uniforme: algunos municipios grandes como Morelia o Uruapan tienen corporaciones más robustas, mientras municipios medianos como Tarímbaro tienen un rezago crítico.
Los extremos: de cero policías en Aquila, Nocupétaro y Tumbiscatío a la excepción de Áporo y Zitácuaro
En el extremo más grave del espectro, tres municipios no cuentan con ningún policía municipal: Aquila, Nocupétaro y Tumbiscatío, aunque en ellos se mantiene la colaboración de la Secretaría de Seguridad Pública estatal para cubrir las funciones de seguridad básica. En el extremo opuesto, Áporo y Zitácuaro son los únicos municipios del estado que cumplen simultáneamente con el personal requerido y con las certificaciones que exige el Sistema Nacional. Zitácuaro — que en agosto de 2026 recibió 90 equipos de radiocomunicación, 65 chalecos balísticos y estímulos económicos para sus elementos — ilustra que el cumplimiento no es espontáneo: requiere decisiones presupuestales sostenidas y un compromiso institucional del Cabildo con la inversión en la corporación. El caso de Tarímbaro ofrece el contraste más crudo: un especialista con 28 años de trayectoria policial señaló que el municipio cuenta con alrededor de 50 o 60 elementos por turno para atender todo el territorio, cuando deberían existir al menos 300 policías para responder a las necesidades de una población que ha crecido de manera considerable.
El presupuesto: 480 millones de pesos en 2026 y una campaña de reclutamiento activa
Ante el déficit documentado, el SESESP anunció una inversión de 480 millones de pesos para 2026, con beneficios directos en equipamiento para alrededor de 58 municipios y acciones de prevención del delito para los 113. El funcionario del SESESP explicó que se han implementado cambios para mejorar el equipamiento de los servidores. Paralelamente, el SESESP inició una campaña de reclutamiento para fortalecer las corporaciones municipales antes de finalizar 2026. Treinta y cinco municipios mantienen un esquema de colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para complementar sus capacidades operativas. Sin embargo, la inversión estatal en equipamiento no resuelve el problema de fondo: la contratación, formación y retención de policías municipales es una responsabilidad presupuestal de cada Ayuntamiento, que debe encontrar los recursos dentro de su propia Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos.
¿Qué significa para el Cabildo?
- El déficit de policías municipales es un problema presupuestal del Ayuntamiento, no solo de reclutamiento: los municipios que no alcanzan el estándar de 1.8 elementos por mil habitantes no lo hacen principalmente porque no encuentran candidatos, sino porque sus presupuestos de seguridad son insuficientes para contratar, equipar, capacitar y retener a los agentes necesarios; el Cabildo puede solicitar a la Tesorería y a la Dirección de Seguridad un análisis de cuántos elementos adicionales se necesitan, cuánto cuesta cada plaza con prestaciones y qué porcentaje del presupuesto municipal tendría que etiquetarse a seguridad para alcanzar el estándar federal.
- La certificación policial no es opcional: es una condición para acceder a fondos federales de seguridad y para que los elementos tengan validez legal para actuar: los municipios que no tienen a sus policías certificados no solo incumplen el estándar nacional —ponen a sus elementos en una posición de vulnerabilidad legal en el ejercicio de sus funciones; el Cabildo puede gestionar ante el SESESP el acceso a los programas de certificación que el organismo ofrece, y etiquetarlo como meta verificable en el Plan Municipal de Desarrollo.
- Los 35 municipios con esquema de colaboración con la SSP estatal deben formalizar ese acuerdo mediante convenio aprobado por Cabildo: la colaboración informal no otorga el mismo respaldo institucional que un convenio formal entre el Ayuntamiento y la Secretaría de Seguridad del Estado; un convenio firmado establece responsabilidades, recursos, protocolos y mecanismos de evaluación que protegen tanto a los elementos como al propio municipio ante cualquier incidente.
Fuentes: El Sol de Morelia / OEM | Quadratín – Gobernador reconoce déficit | Quadratín – Zitácuaro equipamiento | Quadratín – Tarímbaro | Changoonga – SESESP Force Run
