Regidores de Morena y del Partido del Trabajo (PT) del Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, aprovecharon la gira del gobernador Manolo Jiménez Salinas por la frontera para plantearle directamente una serie de señalamientos contra la administración municipal panista: presuntos abusos policiales y torturas dentro de los separos municipales, un supuesto sistema de cuotas o metas de detención para que policías pudieran acceder a bonos económicos, la muerte de una persona bajo custodia que habría ocurrido por suicidio, y posibles irregularidades en la autorización del fraccionamiento Los Álamos en zonas consideradas inundables. El gobernador instruyó a la subsecretaria de Seguridad, Sonia Villarreal, a citar al comisario municipal para conocer su versión, y ordenó revisar los casos de desarrollo urbano junto con las dependencias competentes.
Los señalamientos de seguridad: separos, cuotas y un operativo con escobas
El regidor del PT, Juan Carlos Álvarez García, fue el más activo en la denuncia ante el gobernador. Planteó presuntas prácticas de abuso de autoridad por parte del comisario municipal Eliud Mercado, a quien atribuyó señalamientos específicos: detenciones injustificadas, agresiones contra personas bajo custodia y presuntas violaciones a garantías individuales. Entre los casos mencionados destacó el de un adolescente de 15 años cuya detención habría derivado en presuntas prácticas indebidas dentro de los separos. También expuso el caso de una persona que murió por suicidio mientras se encontraba bajo custodia policial. El señalamiento de mayor impacto estructural fue el del presunto sistema de cuotas o metas de detenciones: según el regidor, algunos agentes debían alcanzar cierto número de arrestos para acceder a bonos económicos, un incentivo perverso que puede generar detenciones arbitrarias. El propio gobernador retomó esta acusación durante el diálogo, la calificó como “delicada” y pidió revisar la información con vista a la Fiscalía General del Estado. Como ilustración de la precariedad operativa de la corporación, el regidor recordó un operativo reciente en el que policías municipales usaron escobas, botes de basura y otros objetos para mantener a distancia a un hombre armado con un machete antes de someterlo — una imagen que sintetiza las deficiencias en equipamiento y protocolos que el propio Cabildo ha documentado.
El señalamiento urbanístico: fraccionamiento en zona inundable
El regidor Juan Carlos Hernández planteó un segundo eje de denuncia, distinto al de seguridad: preocupaciones por la autorización del fraccionamiento Los Álamos y el riesgo de construir en zonas que históricamente han registrado inundaciones. El gobernador reconoció que existen sectores con antecedentes de inundaciones y ordenó revisar los proyectos junto con autoridades de Desarrollo Territorial y la Comisión de Desarrollo Urbano del estado, para determinar si representan algún riesgo para la población. La autorización de fraccionamientos en zonas de riesgo es una decisión que en primera instancia corresponde al Cabildo mediante la aprobación del uso de suelo y la licencia de construcción, lo que significa que la controversia que los regidores plantearon al gobernador es también un asunto que debió haberse resuelto —o cuestionado— en la propia sesión de Cabildo donde se aprobaron los permisos.
El mecanismo que la nota ilustra: el escalamiento institucional como herramienta de fiscalización
Lo más relevante de esta nota para LGM no son los señalamientos específicos —que son acusaciones de parte que deberán ser investigadas formalmente— sino el mecanismo institucional que los regidores activaron: al no poder resolver el conflicto dentro del propio Cabildo, llevaron sus denuncias directamente al gobernador durante su gira. Ese escalamiento es legítimo —los regidores tienen derecho a plantear sus señalamientos ante cualquier autoridad— pero también es una señal de que los mecanismos internos del Ayuntamiento no estaban funcionando: si la Contraloría Municipal, la Sindicatura y las comisiones edilicias de Seguridad y Desarrollo Urbano hubieran tenido la información y actuado sobre ella, la denuncia ante el gobernador habría sido redundante.
¿Qué significa para el Cabildo?
- Un sistema de cuotas o metas de detención para policías que generen bonos económicos es una política de incentivos que el Cabildo debe revisar y, en su caso, eliminar mediante acuerdo formal: si los agentes municipales tienen incentivos económicos para aumentar el número de detenciones independientemente de su justificación, el resultado previsible son detenciones arbitrarias, abuso de autoridad y un mayor riesgo de denuncias por violaciones a garantías individuales; el Cabildo puede solicitar a la Dirección de Seguridad Pública un informe sobre los esquemas de compensación variable de los elementos y ordenar su revisión si incluyen metas de detención.
- Las muertes bajo custodia policial municipal son una obligación de reporte y documentación que el Cabildo no puede ignorar: cuando una persona muere mientras está detenida en los separos municipales —independientemente de la causa— el Ayuntamiento tiene la obligación de documentar el incidente, notificar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y garantizar que la Fiscalía General del Estado tenga acceso inmediato a los hechos; el Cabildo puede acordar un protocolo formal de manejo de incidentes críticos en custodia que defina los pasos a seguir en cada caso.
- La autorización de fraccionamientos en zonas de riesgo de inundación es una decisión de Cabildo que no puede tomarse sin un dictamen técnico del Atlas de Riesgos y un análisis de la Dirección de Protección Civil: la denuncia del regidor sobre el fraccionamiento Los Álamos en zonas inundables señala un problema de proceso: si el Cabildo aprobó el uso de suelo sin ese respaldo técnico, la responsabilidad de las consecuencias es colectiva; a partir de ahora, cualquier dictamen de uso de suelo para nuevos fraccionamientos debería incluir como requisito previo un análisis de riesgo de inundación firmado por Protección Civil.
Fuentes: Vanguardia
