La primera quincena de agosto activó en los 112 Ayuntamientos de Michoacán (incluyendo el Consejo Mayor de Cherán) la obligación legal del Segundo Informe de Gobierno del Presidente Municipal, establecida en los artículos 40 y 64 de la Ley Orgánica Municipal del Estado. LGM documentó los casos más relevantes: desde el conflicto institucional de Zamora —donde el TEEMich intervino para garantizar que dos regidores excluidos pudieran hablar— hasta la sesión con cinco mil asistentes en Zacapu, el informe de Huetamo donde el Cabildo exigió en bloque a la Federación atención a infraestructura, y la denuncia de cuatro regidores de cuatro partidos en Nuevo Parangaricutiro, quienes usaron su turno para revelar un estado de caos administrativo en la propia administración que encabeza la alcaldesa sustituta. La temporada de informes también abre un debate jurídico sobre la práctica de algunos Ayuntamientos de separar la sesión solemne de Cabildo del acto público ciudadano — una tendencia que merece revisión a la luz de la ley.
El marco legal: informe del Ayuntamiento, no informe personal del alcalde
Antes de documentar los casos, es necesario precisar qué establece la Ley Orgánica Municipal de Michoacán sobre el informe de gobierno. El Artículo 40, inciso a), fracción XII establece que es atribución del Ayuntamiento “rendir a la población, por conducto de la Presidenta o Presidente Municipal, un informe anual en el mes de agosto, del estado que guardan los asuntos municipales y del avance de los programas de obras y servicios.” El Artículo 35 define las sesiones solemnes como aquellas que exigen un ceremonial especial; el Artículo 36 establece que todas las sesiones solemnes serán públicas y se celebrarán en el recinto que para tal efecto acuerde el propio Ayuntamiento. Dos principios derivan de esa estructura normativa: el informe no es un acto personalísimo del alcalde —es un informe del Ayuntamiento como cuerpo colegiado, presentado a través de su titular—; y al tratarse de una sesión pública y solemne, los Regidores tienen el derecho y la obligación de participar en ella, ya que la publicidad de la sesión implica que la deliberación del Cabildo —incluyendo las intervenciones de todos sus integrantes— ocurre ante la ciudadanía, no en ausencia de ella.
Una práctica que se aleja de la letra de la ley, aunque no la viola
En los últimos años se ha extendido en varios Ayuntamientos de Michoacán —y del país— una práctica de doble formato: la sesión solemne de Cabildo se realiza en un espacio cerrado, con asistentes limitados, donde los Regidores hacen uso de la voz para comentar el informe; y posteriormente se celebra un evento público masivo donde el alcalde presenta su gestión ante la ciudadanía, pero donde los Regidores no intervienen. El caso de Zamora del 7 de agosto ilustra exactamente este modelo: sesión solemne en la Casona Pardo con los Regidores, y acto ciudadano posterior en la Unidad Deportiva El Chamizal con más de mil personas. La práctica no está expresamente prohibida por la ley, pero se aparta del espíritu de la norma: la sesión pública y solemne que la ley ordena es el espacio donde las voces del Cabildo —no solo la del alcalde— deben escucharse ante la ciudadanía. Al trasladar la sesión solemne a un recinto cerrado y el acto de mayor visibilidad a un evento donde solo habla el alcalde, el informe pierde su dimensión de rendición de cuentas colectiva y se convierte, en los hechos, en un acto unipersonal de comunicación política.
El caso de Zamora: del conflicto previo al informe con voces restituidas
Como LGM documentó el 29 de julio y el 6 de agosto, el Cabildo de Zamora aprobó un acuerdo que excluía a dos regidores del turno de intervención en el informe del alcalde Carlos Soto Delgado. El TEEMich resolvió por unanimidad en ocho días que esa exclusión era una vulneración del derecho al ejercicio del cargo: el cargo es del regidor, no del partido, y sus atribuciones no pueden condicionarse a la situación jurídica posterior de la organización que lo postuló. El informe del 7 de agosto se realizó con los dos regidores ya restituidos en su derecho.
Zacapu: cinco mil personas y datos cuantitativos verificables
Al rendir su Segundo Informe el 9 de agosto ante más de cinco mil asistentes, la presidenta municipal de Zacapu, Mónica Valdez Pulido, destacó una inversión histórica de más de 724 millones de pesos para el municipio, 286 apoyos y respuestas ciudadanas que beneficiaron a 12 mil 773 personas, la construcción de 16 calles nuevas, obras en escuelas, canchas y espacios públicos, y el establecimiento de un apoyo municipal mensual de tres mil pesos para jefas y jefes de tenencia. El informe de Zacapu ilustra una buena práctica: la presentación de logros con datos cuantitativos verificables que los ciudadanos pueden contrastar con su experiencia cotidiana.
Huetamo: el Cabildo convierte el informe en una gestión colectiva ante la Federación
El presidente municipal de Huetamo, Pablo Varona Estrada, rindió su Segundo Informe el 8 de agosto con presencia del gobierno estatal y del Congreso del Estado. En sus posicionamientos, los regidores del PRD y del PRI respaldaron al alcalde y coincidieron en exigir al gobierno federal la rehabilitación de la carretera 51, que comunica Huetamo con Zitácuaro. El alcalde había utilizado su turno para hacer el mismo llamado. El caso ilustra cómo la sesión solemne puede convertirse en un mecanismo de gestión colectiva: Cabildo en pleno, alcalde y regidores de distintos partidos, enviando un mensaje unificado a otra instancia de gobierno sobre una demanda de infraestructura de alta prioridad regional.
Nuevo Parangaricutiro: cuatro regidores, cuatro partidos y una denuncia de caos administrativo
El caso más llamativo del 10 de agosto en Michoacán no fue un informe de logros, sino de crisis. En la sesión solemne de Cabildo del Ayuntamiento de Nuevo Parangaricutiro, cuatro regidores de cuatro partidos distintos —Jorge Espinoza Barajas (Morena), Briseida Melissa Campoverde Cuara (Movimiento Ciudadano), Jesús José Isidro Guerrero (PRI) y María Guadalupe Tungüí Urbina (PAN)— aprovecharon su turno de intervención ante el Segundo Informe de la alcaldesa sustituta, María Isabel Hernández Rosas, para denunciar de manera unificada y transversal una serie de irregularidades que describen como caos administrativo en la administración municipal.
Los regidores denunciaron una ola de renuncias o despidos de personal del Ayuntamiento que ha derivado en falta de servicios públicos a la ciudadanía; la existencia de áreas acéfalas —sin titular— en instancias estratégicas: Recursos Humanos, Transparencia, Asuntos Indígenas, Dirección de Deportes, DIF Municipal y Tesorería; la sumisión del secretario del Ayuntamiento, Sabás Guevara Olvera, quien ha mostrado una total sumisión a la presidenta sustituta mientras a los regidores les niega todo tipo de información; y un gasto en combustible de 4 millones de pesos en lo que va del año — 150 mil pesos semanales. Le recordaron a la alcaldesa sustituta que la máxima autoridad en el municipio es el Cabildo, y que las decisiones deben tomarse en equipo. Señalaron que seguirán pugnando junto con la síndica, María Guadalupe Contreras Murillo, para que Nuevo Parangaricutiro cuente con una administración ordenada que escuche y respete al Cabildo en sus funciones. El caso de Nuevo Parangaricutiro ilustra con precisión para qué existe la sesión solemne con participación de los Regidores: no para celebrar logros, sino para que el Cabildo en pleno rinda cuentas ante la ciudadanía — incluyendo las cuentas de lo que no está funcionando.
Los informes pendientes al cierre de esta nota: Lázaro Cárdenas y Morelia
Lázaro Cárdenas presenta su informe el 13 de agosto en el Salón del Sindicato, sede aprobada en sesión extraordinaria ante el riesgo de lluvias en el patio del Palacio Municipal original. Morelia presenta el 14 de agosto su informe “Visión x Morelia” en el Centro Administrativo Municipal, con énfasis en obra pública, infraestructura hídrica, seguridad, turismo y desarrollo económico.
¿Qué significa para el Cabildo?
- La sesión pública y solemne del informe de gobierno es el espacio institucional donde los Regidores tienen el derecho y la obligación de comentar ante la ciudadanía lo que el alcalde presenta: las fracciones VI, VI Bis y VI Ter del Artículo 64 de la Ley Orgánica Municipal de Michoacán son explícitas; cuando la sesión solemne se traslada a un espacio cerrado y el acto ciudadano masivo se celebra sin la participación de los Regidores, el informe pierde su dimensión de rendición de cuentas colectiva y se convierte en un acto de comunicación unipersonal — lo que puede abrir cuestionamientos sobre si se cumplió el espíritu de la obligación legal.
- Las denuncias de Nuevo Parangaricutiro ilustran para qué existe el turno de intervención de los Regidores: cuatro regidores de cuatro partidos distintos usaron su espacio para documentar públicamente áreas acéfalas, despidos irregulares, gastos cuestionables y negativa de información — todo ello ante la ciudadanía y con registro en acta; ese ejercicio es exactamente el que la ley diseñó cuando estableció que los Regidores tienen uso de la voz en la sesión solemne.
- El informe de gobierno es del Ayuntamiento, no del alcalde en lo personal: el Artículo 40, inciso a), fracción XII de la Ley Orgánica Municipal establece que es atribución del Ayuntamiento presentar el informe a la población; el alcalde lo presenta en nombre del cuerpo colegiado, no como acto personal de su gestión; esa distinción tiene implicaciones prácticas: el contenido del informe debe reflejar el trabajo del Ayuntamiento en su conjunto — incluyendo el de las comisiones que presiden los Regidores — y no solo los logros del Ejecutivo municipal.
Fuentes: La Gaceta Digital Mich – Nuevo Parangaricutiro | Michoacán Imparcial – Morelia | La Voz de Michoacán – Lázaro Cárdenas | Mi Zitácuaro – Huetamo | Mi Zitácuaro – Regidores Huetamo | Michoacán Imparcial – Zacapu | El Independiente – Zamora | LGM – TEEMich Zamora, 6 de agosto
