El Presidente Municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, Joel Ángel Bravo Martínez, de 53 años, fue asesinado a balazos este sábado 13 de junio cuando un grupo de individuos ingresó a su domicilio en la región Mixteca. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó el homicidio e inició investigación en coordinación con el Gabinete de Seguridad. El dato que agrava el caso: el edil, abanderado de la coalición PRI-PAN-PRD que ganó la presidencia municipal en 2024, había sido secuestrado en la carretera Huajuapan-Acatlán durante la primera semana de mayo — un mes antes de su asesinato — sin que se tuviera información pública sobre las circunstancias de su liberación o cautiverio.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que, junto al Gabinete de Seguridad, inició los trabajos de investigación ministeriales y periciales tras la agresión con disparos de arma de fuego cometida en contra del Presidente Municipal de San Miguel Amatitlán, identificado con las iniciales J.A.B.M., quien perdió la vida a consecuencia de estos hechos ocurridos en la región de la Mixteca. Tras tener conocimiento del ataque, la institución de procuración de justicia activó de forma inmediata los protocolos de investigación para delitos de alto impacto. Equipos multidisciplinarios de la Agencia Estatal de Investigaciones y del Instituto de Servicios Periciales se desplegaron en el lugar para realizar el procesamiento técnico, el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios criminalísticos.
De acuerdo con primeras versiones difundidas por medios locales de la región, un grupo de individuos habría ingresado al domicilio del edil para perpetrar el ataque armado que le privó la vida. El presidente municipal había sufrido semanas antes un asalto en la carretera Huajuapan-Acatlán, en la jurisdicción de Petlalcingo — un hecho que algunos medios describen como secuestro ocurrido durante la primera semana de mayo de 2026. Hasta el momento no hay versión oficial sobre el móvil del crimen ni sobre personas detenidas.
Bravo Martínez compitió en 2024 con las siglas de la coalición PRI-PAN-PRD, ganando la elección que lo llevó a la presidencia municipal de San Miguel Amatitlán.
El patrón que Oaxaca no logra revertir: cinco presidentes municipales asesinados en 24 meses
San Miguel Amatitlán se suma a una lista que el propio estado de Oaxaca ha documentado en menos de dos años. En marzo de 2024 fue asesinado Joaquín Martínez López, presidente municipal de Chahuites. En octubre de 2024, Francisco Román Ruiz Bohórquez, edil de Candelaria Loxicha, fue atacado dentro de su domicilio. En mayo de 2025, Mario Hernández García, presidente municipal de Santiago Amoltepec, fue asesinado. En junio de 2025, Lilia Gema García Soto, alcaldesa de San Mateo Piñas, fue asesinada dentro del propio Ayuntamiento. En abril de 2026, el exalcalde de San Miguel del Puerto, Francisco Gijón Vázquez, fue asesinado a balazos durante una fiesta patronal a la que asistía con su familia. Ahora, en junio de 2026, Joel Ángel Bravo Martínez se suma a esta lista — con el agravante adicional de un secuestro previo sin esclarecer.
¿Qué significa para el Cabildo?
- Un secuestro de un mes a un Presidente Municipal sin información pública es una falla de protocolo de gravedad extrema: Si los reportes son correctos y el edil fue privado de su libertad a inicios de mayo, el municipio operó durante semanas sin que existiera información pública sobre la situación de su autoridad electa. El Cabildo de cualquier municipio tiene la obligación de activar protocolos de emergencia ante la ausencia o desaparición de cualquiera de sus integrantes: notificación inmediata a la Fiscalía, activación de la Alerta correspondiente, designación de un encargado de despacho conforme a la Ley Orgánica Municipal, y comunicación a la ciudadanía sobre la situación institucional del Ayuntamiento. El silencio institucional ante la desaparición de una autoridad no es prudencia — es un vacío de poder que alguien más ocupa.
- El asesinato dentro del domicilio confirma que la protección de los presidentes municipales no puede limitarse al ámbito de la función pública: Cuando un comando armado puede ingresar al domicilio particular de un alcalde y ejecutarlo, la protección institucional que el Estado provee durante el ejercicio del cargo en oficinas o eventos públicos resulta insuficiente. El esquema de protección a autoridades municipales en zonas de alto riesgo debe extenderse al domicilio particular cuando existen antecedentes de amenaza — como en este caso, un secuestro previo documentado un mes antes.
- Cinco presidentes municipales asesinados en Oaxaca en 24 meses es una crisis de Estado, no una serie de casos aislados: Chahuites, Candelaria Loxicha, Santiago Amoltepec, San Mateo Piñas, San Miguel del Puerto y ahora San Miguel Amatitlán. Seis municipios, seis autoridades electas asesinadas o ejecutadas en menos de dos años, todos en el mismo estado. Esto ya no es un problema que cada Cabildo pueda resolver de forma individual. Es exactamente el tipo de agenda que la CONAMM y el Congreso del Estado de Oaxaca deben colocar como prioridad nacional: un mecanismo de protección a servidores públicos municipales con antecedentes de amenaza, financiado y operado de forma permanente, no reactiva.
Nota de verificación: El móvil del crimen, las circunstancias exactas del secuestro de mayo y la existencia de detenidos están pendientes de confirmación oficial por parte de la FGEO.
Fuentes: ADN Sureste, Quadratín Michoacán, FGEO — 13 de junio de 2026.
