El Congreso de Hidalgo aprobó el 6 de octubre la reforma a la fracción XV del artículo 141 de la Constitución Política del Estado — con 23 votos a favor y 7 en contra — mediante la cual se elimina la obligación de los presidentes municipales de solicitar autorización previa del Cabildo para celebrar contratos y convenios de interés público. La reforma revierte más de 105 años de práctica constitucional en el estado y fue promovida, según reveló el propio secretario de Contraloría de Hidalgo, Álvaro Bardales Ramírez, desde el Ejecutivo estatal. La respuesta de los Cabildos ha sido contundente: en menos de una semana, un bloque de 128 regidores de 50 municipios firmó un posicionamiento conjunto para rechazarla y exhortar a los 84 Ayuntamientos a votar en contra. La reforma lo necesita: al tratarse de una modificación constitucional, debe ser ratificada por al menos 43 de los 84 Cabildos del estado para entrar en vigor — lo que convierte cada sesión municipal de los próximos días en una batalla política decisiva.
Lo que cambia: 105 años de práctica constitucional eliminada en una sesión
Desde hace más de un siglo, la Constitución de Hidalgo establecía que los presidentes municipales debían obtener autorización del Cabildo antes de celebrar contratos con particulares o instituciones oficiales sobre asuntos de interés público. Ese mecanismo garantizaba que el órgano colegiado del Ayuntamiento — integrado por los regidores y el síndico, elegidos directamente por la ciudadanía — revisara y aprobara los compromisos contractuales del municipio antes de que el alcalde los formalizara. La reforma del 6 de octubre elimina ese requisito de autorización previa. El diputado impulsor, Miguel Ángel Moreno Zamora, argumentó que la disposición vigente aplicaba sin distinguir el objeto o monto de los contratos — lo que generaba retrasos innecesarios en la operación municipal. La oposición, integrada por diputados del PRI, PAN y MC y una disidente morenista, advirtió que la reforma concentra el poder en el alcalde y deja a los regidores y síndicos con una participación limitada en decisiones que anteriormente requerían su intervención.
El dato que lo cambia todo: fue la propia Contraloría del Estado quien promovió la reforma
El secretario de Contraloría de Hidalgo, Álvaro Bardales Ramírez, reveló el 12 de octubre que fue uno de los promotores de la reforma — y aportó el argumento que el gobierno estatal utilizó para justificarla: a finales de la administración anterior, se entregaron recursos extraordinarios a los municipios del estado “que se repartieron sin que se diera a conocer a los Cabildos.” Ese dato es, involuntariamente, el argumento más poderoso contra la propia reforma: si la opacidad en la distribución de recursos sin conocimiento del Cabildo fue el problema de la administración anterior, la solución no es eliminar la facultad de supervisión del Cabildo — sino fortalecerla. El presidente municipal de Pachuca y presidente de la Asociación de Alcaldes del Estado de Hidalgo, Jorge Reyes Hernández, respaldó la reforma con un argumento diferente: que existen obras públicas detenidas en algunos municipios debido a la falta de aprobación de los Cabildos — es decir, que los contrapesos institucionales frenan la gestión.
La respuesta de los Cabildos: de 23 a 50 municipios en cuatro días
La reacción de los Cabildos fue rápida y sostenida. El 11 de octubre — cinco días después de la aprobación — 59 regidores y síndicos de 23 municipios emitieron un posicionamiento conjunto advirtiendo que la reforma debilita los contrapesos municipales. El 13 y 14 de octubre, el bloque creció hasta 128 regidores de 50 municipios. El posicionamiento señala que la reforma “elimina la facultad del Ayuntamiento, como órgano colegiado de gobierno, de intervenir previo a la celebración de contratos de cualquier tipo” y la califica como “una regresión de leyes en cuanto a transparencia de recursos públicos” y como “una afrenta a los principios de democracia y autonomía.” El PAN hizo un llamado formal a los regidores hidalguenses de todos los partidos para votar en contra. Los 128 regidores exhortaron a los 84 Ayuntamientos a rechazar el dictamen cuando llegue a sus sesiones.
Ixmiquilpan: ciudadanos en el Cabildo y un alcalde que no ha leído el dictamen
En Ixmiquilpan, la movilización ciudadana tomó la forma de una manifestación en la Sala de Cabildo el lunes 13 de octubre. Los pobladores colocaron cartulinas con los mensajes: “Regidores, no traicionen, defiendan al pueblo” y “Rechazamos modificación al artículo 141. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada.” Pidieron una mesa de trabajo con todos los integrantes del Ayuntamiento y que cada regidor hiciera público el sentido de su voto antes de la sesión. El alcalde Emanuel Hernández Pascual respondió que no podía emitir un juicio porque no había leído el dictamen — una declaración que los manifestantes señalaron como inaceptable tratándose de una reforma constitucional que afecta directamente las facultades del cargo que preside.
¿Qué significa para el Cabildo?
- La facultad del Cabildo de autorizar previamente los contratos del alcalde es el mecanismo de control más básico de la gestión contractual municipal — eliminarla no reduce la burocracia sino que elimina el contrapeso: cuando el alcalde puede firmar contratos con cualquier empresa sin que el Cabildo los haya revisado, los regidores y el síndico pierden su capacidad de detectar conflictos de interés, sobreprecios o condiciones irregulares antes de que el municipio quede obligado; el argumento de “agilizar la gestión” es válido para simplificar el procedimiento de autorización, no para eliminarlo.
- El proceso de ratificación constitucional en los Cabildos es la última oportunidad para que la democracia municipal de Hidalgo se defienda a sí misma: la reforma solo entra en vigor si 43 de los 84 Ayuntamientos la aprueban; cada Cabildo que sesione en los próximos días tendrá en su orden del día una decisión que trasciende su municipio y define la arquitectura de control del poder ejecutivo municipal en todo el estado; los regidores que voten a favor estarán cediendo una facultad de supervisión que difícilmente recuperarán.
- El argumento de la Contraloría — que la reforma busca evitar que las diferencias políticas paralicen la gestión — confunde el contrapeso con el obstáculo: en un Cabildo donde el alcalde tiene mayoría, la aprobación de contratos es un trámite; en un Cabildo donde hay oposición real, ese trámite es el espacio donde los contratos problemáticos se detectan y se rechazan; eliminar el requisito de autorización previa no resuelve el conflicto político — lo oculta dentro de contratos que nadie revisó antes de firmarse.
Fuentes: El Universal Hidalgo | La Silla Rota Hidalgo – Bloque de 128 regidores | La Silla Rota Hidalgo – Reforma aprobada 6 oct. | Quadratín Hidalgo – Quitan candado a alcaldes | Effetá – Contraloría promovió la reforma | Effetá – Reforma evitar diferencias políticas | Effetá – 59 regidores de 23 municipios | La Jornada Hidalgo – Proceso de ratificación
