Diez personas fueron localizadas sin vida durante la madrugada y mañana del sábado 19 de julio en los municipios de Pánuco, Morelos y Sain Alto, Zacatecas, en uno de los episodios de mayor violencia registrados en el estado en lo que va de 2026. La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) confirmó la identidad de las diez víctimas — ocho originarios de Zacatecas y dos de Durango — y señaló que mantiene una línea de investigación activa. Entre los fallecidos hay un exalcalde, el secretario de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo, un elemento activo de Bomberos municipal, un exregidor de Canatlán, Durango, empresarios de la construcción y un productor ganadero. Sin detenidos ni autoría oficial confirmada al cierre de esta nota.
Los hallazgos: tres municipios, un puente y mensajes de grupos delictivos
Los primeros cuerpos fueron localizados poco antes de las 6:00 de la mañana del sábado: cinco personas sin vida colgadas de un puente vehicular sobre la carretera federal 54, en la comunidad de Pozo de Gamboa, municipio de Pánuco. Poco después, tres cuerpos más fueron encontrados cerca de la clínica regional del IMSS en el municipio de Morelos. Un noveno cuerpo apareció a un costado de la carretera federal 45, en Sain Alto. La décima víctima — el exalcalde Ignacio Castrejón Valdez — fue localizada en un punto distinto al de los primeros hallazgos. Reportes preliminares señalan que junto a algunos cuerpos fueron encontrados mensajes atribuidos a grupos de la delincuencia organizada, los cuales fueron asegurados por los ministeriales como parte de las diligencias. La Fiscalía precisó que todas las víctimas son hombres y que los cuerpos presentaban signos de violencia. Tras los hallazgos, la Onceava Zona Militar sesionó de urgencia su Grupo de Inteligencia Operativa con la participación extraordinaria del comandante de la Quinta Región Militar, lo que indica la gravedad con la que las fuerzas armadas tomaron el caso desde las primeras horas.
Las víctimas: funcionarios municipales, empresarios y productores del campo
La Fiscalía identificó a diez personas: Ignacio “Nacho” Castrejón Valdez, empresario y expresidente municipal de Sombrerete durante el periodo 2016-2018, y hermano del titular de la Secretaría de Educación del estado de Hidalgo; Fidel Alvarado de la Torre, secretario de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo; Jesús Gerardo Muñetón Hernández, elemento activo del Heroico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil de Fresnillo; Andrés Vázquez Gurrola, abogado litigante, exregidor del Ayuntamiento de Canatlán, Durango (periodo 2022-2025) y exdirector de la Policía Municipal del mismo municipio; Armando Ledesma Aguirre y su hijo José Armando Ledesma Campos, empresarios del sector de la construcción de Fresnillo; Fernando Robles de la Torre, también empresario de la construcción; Jesús Daniel Rivera Sandoval, empresario de Fresnillo; y José Ángel Valdez Rivera, productor agropecuario y líder del sector ganadero de Jiménez del Teúl. La décima víctima forma parte del recuento de la Fiscalía, aunque su nombre completo no fue difundido de manera uniforme por todas las fuentes consultadas al cierre de esta nota. Los presidentes municipales de Fresnillo y Zacatecas, Javier Torres y Miguel Varela, emitieron condolencias públicas por las víctimas.
La línea de investigación: extorsión y posible colusión
Proceso reportó que la línea de investigación que se construye apunta a un operativo de extorsión con posible colusión, sin precisar de qué tipo ni contra quiénes. La sesión extraordinaria del Grupo de Inteligencia Operativa de la Onceava Zona Militar refuerza la lectura de que el caso es tratado como un asunto de seguridad nacional, no solo de fuero común. La Fiscalía no ha confirmado la autoría de los mensajes encontrados junto a los cuerpos ni ha señalado a ningún grupo delictivo como responsable.
¿Qué significa para el Cabildo?
- El asesinato del secretario de Desarrollo Social de Fresnillo en funciones revela que la violencia contra funcionarios municipales no se limita a Presidentes y exalcaldes: los titulares de las dependencias del Ayuntamiento también pueden ser blanco de grupos delictivos, lo que obliga a los Cabildos en municipios de alta conflictividad a evaluar si sus funcionarios de primer nivel cuentan con protocolos de seguridad y si existe un mecanismo de gestión de riesgo institucional más allá de la corporación policial.
- La presencia de cuerpos con mensajes de grupos criminales en espacios públicos es un acto de intimidación dirigido a la sociedad y a las instituciones locales: ante este tipo de hechos, el Cabildo puede —y debe— pronunciarse de manera formal en sesión, sin importar si tiene competencia directa en la investigación, como señal de que la institución municipal no opera bajo un ambiente de miedo ni modifica su agenda por presión criminal.
- Un exRegidor y un exalcalde entre las víctimas confirman el patrón ya documentado por LGM: el riesgo no termina con el cargo: la trayectoria política y pública de una persona puede convertirla en blanco incluso años después de dejar el Ayuntamiento; los Cabildos en regiones de alta conflictividad pueden acordar gestionar ante las mesas de seguridad estatales un diagnóstico de riesgo que incluya no solo a los funcionarios en activo, sino a quienes ejercieron cargos en administraciones recientes.
Fuentes: Revista Punto de Vista | Proceso | El Financiero | La Jornada San Luis | Vanguardia | POSTA México
