El Congreso del Estado de Veracruz avanza en la etapa decisiva de los procedimientos de declaración de procedencia —desafuero— contra dos Presidentes Municipales emanados del partido Movimiento Ciudadano: Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste, señalado como presunto responsable del secuestro y homicidio de la periodista Roxana Guzmán; y Bertín Bravo Montero, alcalde de Úrsulo Galván, vinculado a la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y su chofer. Ambos alcaldes continúan en funciones mientras el proceso avanza. La Comisión Permanente Instructora del Congreso deberá elaborar los dictámenes correspondientes, cuya votación en el pleno determinará si se les retira la inmunidad procesal.
El caso de Ixhuatlán del Sureste: una periodista secuestrada el 2 de junio
En el caso del alcalde Raúl González Martínez, la Fiscalía General del Estado lo vincula directamente con el homicidio de la periodista Roxana Guzmán, quien fue secuestrada el 2 de junio en su domicilio en Nanchital y posteriormente hallada sin vida. El alcalde González Martínez compareció personalmente ante el Palacio Legislativo para entregar documentación de su defensa. En su postura pública, el edil afirmó no conocer a la periodista Roxana Guzmán y acusó lo que describió como un linchamiento político. La defensa del alcalde argumentó ante la Comisión Instructora que la acusación de la Fiscalía se basa en un testigo de oídas — es decir, alguien que no presenció directamente los hechos sino que afirma haberlos conocido de manera indirecta — y señaló la falta de evidencia fotográfica directa como una debilidad central del expediente. La Fiscalía, por su parte, sostiene que existen elementos suficientes para retirar la inmunidad procesal del alcalde y someterlo al proceso penal ordinario.
El caso de Úrsulo Galván: un empresario y su chofer desaparecidos desde mayo
En el caso del alcalde Bertín Bravo Montero, la Fiscalía lo señala de la desaparición forzada del empresario minero Héctor Ramos Sánchez y de su chofer, Ignacio López. De acuerdo con la indagatoria, el alcalde presuntamente citó en su domicilio al hombre de negocios, a quien según testigos le presentaría a un jefe de plaza delincuencial, y desde entonces no volvieron a ser vistas las víctimas. Bravo Montero ha llevado el procedimiento mediante sus abogados, quienes presentaron en tiempo y forma los escritos y las pruebas correspondientes. Su defensa también negó la existencia de elementos suficientes para el desafuero.
El procedimiento: qué es el desafuero y cómo funciona en Veracruz
El desafuero — técnicamente denominado “declaración de procedencia” o “juicio de procedencia” — es el mecanismo constitucional mediante el cual el Congreso retira la inmunidad procesal que protege a los servidores públicos de ser detenidos o procesados mientras están en funciones. En Veracruz, el procedimiento sigue tres etapas: primero, la Fiscalía presenta la solicitud ante el Congreso; segundo, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales determinan si hay elementos suficientes para continuar — en este caso ya lo hicieron afirmativamente —; y tercero, la Comisión Permanente Instructora revisa las pruebas de ambas partes, elabora el dictamen y lo somete al pleno del Congreso. Si no se alcanza la votación necesaria en el pleno, ambos alcaldes conservarán su inmunidad hasta concluir sus mandatos, sin que esto implique el cierre de las investigaciones. De aprobarse el desafuero, ambos alcaldes quedarán separados inmediatamente de sus cargos ejecutivos y puestos a disposición de los jueces de control correspondientes para enfrentar sus procesos bajo la jurisdicción penal ordinaria.
La postura de MC y el gobierno estatal: “persecución política” vs. “proceso imparcial”
Movimiento Ciudadano ha mantenido que los dos procedimientos de desafuero son un ejercicio de persecución política contra alcaldes de oposición por parte del gobierno de Morena en Veracruz. Una exjueza que acompaña la defensa de uno de los alcaldes calificó a la Fiscalía de Veracruz como “especialista en armar carpetas”. La gobernadora Rocío Nahle, por su parte, rechazó esa lectura y defendió el proceso como un ejercicio institucional imparcial que respeta el debido proceso y la presunción de inocencia de los acusados.
¿Qué significa para el Cabildo?
- La inmunidad procesal de los integrantes del Ayuntamiento no es una protección absoluta: puede ser retirada por el Congreso del Estado si la Fiscalía acredita elementos suficientes: el desafuero no es una condena penal ni prejuzga la responsabilidad de los alcaldes; es un mecanismo que permite que el proceso penal avance sin la barrera de la inmunidad; los Cabildos deben conocer este procedimiento y no confundir el desafuero con una declaración de culpabilidad. No en todos los estados de México existe la figura de desafuero para los integrantes de los Ayuntamientos, en el caso de Veracruz sí aplica.
- Cuando el titular del Ejecutivo municipal enfrenta un proceso de desafuero, el Cabildo debe preparar con anticipación el mecanismo de sustitución: este procedimiento legislativo abre una etapa de reconfiguración administrativa en los municipios de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván, donde las suplencias municipales deberán estar preparadas para asumir el control de las administraciones locales en caso de que los ediles sean separados de forma definitiva; ese proceso no es automático — requiere un acuerdo formal del Cabildo y la notificación al Congreso del Estado.
- Los procesos de desafuero que ocurren antes del cierre de un periodo electoral tienen efectos directos sobre la gobernabilidad del municipio y sobre la agenda del Cabildo: en ambos municipios veracruzanos, los Regidores y Síndicos deben operar con una mayor carga de representación institucional mientras el proceso judicial avanza; el Cabildo puede acordar mecanismos de comunicación ciudadana que mantengan informada a la población sobre la continuidad del gobierno municipal, independientemente del desenlace judicial.
Fuentes: Diario de Xalapa / OEM | El Universal – Dos alcaldes MC | El Universal – Audiencias | El Portavoz – FGE solicita desafuero | Diario Gráfico – Etapa decisiva | El Sol de Veracruz
