No habrá Grito de Independencia en cinco municipios de Oaxaca: conflicto político, proceso penal, vacío de autoridad y un expresidente prófugo son las razones

El secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, confirmó el 14 de septiembre que cinco municipios del estado no realizarán esta noche la ceremonia del Grito de Independencia: Santiago Choápam, Mazatlán Villa de Flores, Santiago Atitlán, Santa María Apazco y San Martín Itunyoso. Las razones son distintas en cada caso pero tienen un denominador común: la crisis institucional de sus Ayuntamientos hace imposible o inconveniente celebrar el acto cívico que la Ley Orgánica Municipal establece como obligación del gobierno municipal. La nota llega la misma tarde del 15 de septiembre — la noche más visible del año para cualquier Cabildo — y es un recordatorio de lo que se pierde cuando la institución municipal se fractura: no solo la gestión, sino también los actos de identidad colectiva que el Ayuntamiento tiene el deber de convocar.

Santiago Choápam: el síndico y el regidor detenidos por VPMG fueron liberados — pero el conflicto persiste

El caso de Santiago Choápam es el más complejo de los cinco y el más directamente conectado con la cobertura de LGM de este mes. Como documentamos el 3 de septiembre, el síndico Jorge Méndez Martínez y el regidor de Hacienda Abelino Bartolo Cruz fueron detenidos por la FGEO por violencia política agravada contra la presidenta municipal Hermelanda Santiago García — quien fue retenida en junio, amenazada y obligada a firmar un acta de renuncia. Lo que la nota de El Universal añade es un dato que no habíamos documentado: ambos funcionarios fueron liberados después de que un grupo de habitantes realizó bloqueos carreteros en la ciudad de Oaxaca para exigir su libertad. Tras esa liberación, algunos integrantes del Cabildo renunciaron a su cargo. El municipio llega al 15 de septiembre con el conflicto irresolto, un Cabildo parcialmente disuelto por renuncias y una presidenta municipal que sigue en el cargo pero sin el apoyo de quienes debían ser sus principales colaboradores institucionales.

Mazatlán Villa de Flores: un municipio sin autoridad porque su proceso de elección no ha concluido

En Mazatlán Villa de Flores — municipio que se rige por Sistemas Normativos Indígenas — el municipio no cuenta con autoridad municipal porque la asamblea extraordinaria que debería haber elegido a las nuevas autoridades se encuentra en proceso de calificación ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO). Sin autoridades electas y calificadas, no existe un Cabildo que pueda encabezar la ceremonia del Grito — y realizarla con autoridades provisionales o sin la legitimidad formal de la elección comunitaria generaría más conflicto del que resolvería.

Santiago Atitlán y Santa María Apazco: conflictos postelectorales que paralizan al Cabildo

En Santiago Atitlán se encuentra previsto un cambio en la integración de la Comisión Municipal Provisional, constituida a causa de un conflicto político electoral en la comunidad. En Santa María Apazco, las actividades del Grito y del desfile del 16 de septiembre fueron suspendidas por un conflicto poselectoral que no ha sido resuelto. Ambos municipios ilustran un patrón frecuente en Oaxaca durante los años de renovación de autoridades: los conflictos sobre los resultados electorales comunitarios pueden dejar al municipio en un limbo de autoridad provisional que impide la celebración de actos institucionales normales.

San Martín Itunyoso: un expresidente prófugo y la desaparición de una joven

El caso de San Martín Itunyoso es el más grave de los cinco. El expresidente municipal, Vilgaid López Guadalupe, se encuentra prófugo de la justicia por su presunta participación en la desaparición de la joven Roxana López Martínez. También están prófugos su sobrino Dagoberto López Díaz — señalado por la Fiscalía como el principal sospechoso de la desaparición de Roxana, quien era su pareja — y la madre de Dagoberto, Concepción Díaz Martínez. Roxana López sigue sin ser localizada al cierre de esta nota. Tras la destitución del expresidente municipal, la atención al público en el Palacio Municipal se encuentra suspendida o limitada de manera indefinida. La ceremonia del Grito no se realizará esta noche; el desfile del 16 de septiembre sí está programado.

Lo que el Grito de Independencia mide: la salud institucional del Ayuntamiento

La ceremonia del Grito de Independencia no es solo un acto de protocolo. Es el momento en que el Cabildo en pleno convoca a su comunidad a celebrar juntos el hecho fundacional del Estado mexicano — y en que el Presidente Municipal, al dar el Grito, representa a todo el municipio como autoridad legítima y reconocida. Cuando esa ceremonia no puede realizarse porque el Cabildo está en conflicto, porque la autoridad está prófuga o porque el proceso de elección no ha concluido, la ausencia del Grito es el síntoma más visible de una ruptura institucional que el municipio ha tardado demasiado en resolver.

¿Qué significa para el Cabildo?
  • La imposibilidad de realizar el Grito de Independencia es el indicador más simbólico de una crisis institucional que el Cabildo no pudo resolver a tiempo: cuando el conflicto interno de un Ayuntamiento le impide al gobierno municipal convocar a su comunidad en la noche más importante del año cívico, la ruptura ya trascendió el ámbito técnico o jurídico y entró en el terreno de la identidad comunitaria; en esos casos, ninguna sentencia del tribunal ni ningún acuerdo del Congreso restaura por sí solo la legitimidad del gobierno municipal.
  • El mecanismo de bloqueo carretero para liberar a funcionarios procesados penalmente es una señal de que el conflicto tiene raíces comunitarias que van más allá del Cabildo: cuando una parte de la comunidad moviliza a sus miembros para bloquear carreteras y exigir la liberación de funcionarios que fueron detenidos por el propio sistema judicial, el conflicto ya no es solo institucional — es una división comunitaria que requiere mecanismos de diálogo y mediación que ningún tribunal puede sustituir.
  • La liberación de funcionarios como resultado de presión social no resuelve el proceso penal ni el conflicto político que originó su detención: cuando el síndico y el regidor de Santiago Choápam fueron liberados tras los bloqueos, el proceso penal continuó y el Cabildo siguió fracturado; la presión social puede modificar las circunstancias del proceso pero no cambia la naturaleza del conflicto institucional subyacente, que el municipio debe atender por la vía del diálogo, la mediación y, en su caso, la intervención de las instituciones competentes.

Fuentes: El Universal | LGM – Santiago Choápam: síndico y regidor detenidos por VPMG, 3 de septiembre