La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, prepara una iniciativa para presentar ante el Congreso del Estado que retiraría el fuero constitucional a los presidentes municipales, síndicos y regidores de la entidad, informó el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, el 16 de septiembre. La iniciativa busca que los integrantes de los Ayuntamientos no puedan ampararse en la inmunidad procesal para evadir responsabilidades penales por conductas cometidas en el ejercicio de su cargo o fuera de él. El anuncio llega días después de que el alcalde de Coahuitlán, Isaac García Álvarez, fue señalado por la Fiscalía de haber disparado un arma de fuego durante una fiesta patronal y lesionado a personas — y actualmente cuenta con fuero que ralentiza el proceso en su contra. El contenido específico de la iniciativa no ha sido publicado; el secretario Ahued pidió esperar a que el documento sea difundido para conocer en qué consiste.
El detonador: un alcalde que dispara en una fiesta y usa el fuero como escudo
El anuncio del secretario Ahued llegó cuando fue cuestionado precisamente sobre el caso del alcalde de Coahuitlán, Isaac García Álvarez, señalado de disparar en la comunidad de Chumatlán durante una fiesta patronal, dejando personas lesionadas. La Fiscalía mantiene abierta una carpeta de investigación y tomó la denuncia formal. Ahued fue explícito sobre la lógica que motiva la iniciativa: “No cubrirse en alguna desproporción, en un fuero que permita este tipo de cosas, y directamente podamos y puedan ser responsables de actos como este, de responsabilidad tirando disparos en temas de estar enfiestados o alcoholizados.” La frase ilustra el argumento central de la reforma: el fuero fue diseñado para proteger el ejercicio del cargo, no para blindar conductas que nada tienen que ver con las funciones edilicias.
El contexto: dos desafueros recientes y alcaldes “prófugos haciendo su defensa”
El anuncio de Nahle no llega al vacío institucional. El Congreso de Veracruz aprobó el 6 de agosto el desafuero de los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván — documentado por LGM en esa fecha — con 40 votos a favor. En el primero, la Fiscalía investiga el presunto homicidio de la periodista Roxana Guzmán; en el segundo, la desaparición de un empresario. Ahued los mencionó de manera velada al señalar que “hay dos precisamente que están haciendo su defensa o prófugos porque están haciendo su defensa según ellos, pero ya fueron desalojados de su labor.” La referencia sugiere que al menos uno de los dos alcaldes desaforados no se ha presentado voluntariamente ante la justicia. El secretario también señaló que el proceso de desafuero previo a cualquier detención es precisamente el obstáculo que la iniciativa buscaría eliminar o simplificar.
Qué es el fuero municipal y qué implicaría eliminarlo
El fuero constitucional — técnicamente denominado inmunidad procesal o declaración de procedencia — es una protección que la Constitución y las leyes locales otorgan a ciertos servidores públicos para que no puedan ser detenidos ni sometidos a proceso penal mientras están en funciones, sin que previamente una instancia legislativa o jurisdiccional competente les retire esa protección. En el caso de los integrantes de los Ayuntamientos, ese procedimiento varía por estado: en Veracruz, es el Congreso del Estado quien debe aprobar la declaración de procedencia, como ocurrió con los dos desafueros de agosto. Si la iniciativa de Nahle elimina el fuero para alcaldes, síndicos y regidores, los integrantes de los Ayuntamientos quedarían sujetos a la persecución penal ordinaria sin necesidad de un procedimiento legislativo previo — lo que significaría que la Fiscalía podría solicitar directamente una orden de aprehensión ante un juez, sin pasar por el Congreso. El secretario no precisó si la iniciativa elimina el fuero por completo o solo modifica las condiciones bajo las cuales puede ejercerse.
El debate que abre la propuesta: protección institucional vs. impunidad individual
La existencia del fuero para los integrantes de los Ayuntamientos responde a una lógica institucional concreta: proteger el ejercicio del cargo de instromentalización política por parte de adversarios que pudieran fabricar cargos penales para desestabilizar un gobierno municipal. Esa lógica tiene sentido en un país donde el lawfare — el uso del sistema judicial como arma política — es un fenómeno documentado. Sin embargo, el año 2026 ha mostrado con claridad que el fuero también puede funcionar como escudo para funcionarios municipales con presuntos nexos criminales: el Operativo Enjambre documentó por LGM que la FGR tuvo que ejecutar desafueros o acudir a procedimientos especiales en múltiples casos precisamente porque el fuero dificultaba la persecución penal inmediata. El balance entre protección institucional legítima e impunidad individual es el corazón del debate que la iniciativa de Nahle abre.
¿Qué significa para el Cabildo?
- Si la iniciativa de Nahle prospera en Veracruz, los integrantes de los Ayuntamientos de ese estado podrían ser detenidos y procesados sin necesidad de un procedimiento legislativo previo: eso cambia el riesgo jurídico de ejercer un cargo edilicio de manera fundamental; los síndicos, regidores y alcaldes que hoy cuentan con el fuero como capa de protección ante posibles cargos — legítimos o fabricados — perderían esa protección si la reforma es aprobada en los términos que sugiere el anuncio del secretario Ahued.
- El fuero diseñado para proteger el ejercicio del cargo no debe confundirse con impunidad ante conductas que nada tienen que ver con las funciones edilicias: un alcalde que dispara en una fiesta patronal no está ejerciendo ninguna función de gobierno — está actuando como ciudadano particular; la lógica de la reforma apunta precisamente a distinguir entre la inmunidad necesaria para el ejercicio del cargo y el blindaje ante conductas ajenas a él; esa distinción es el punto jurídico más importante que el Congreso de Veracruz deberá analizar al dictaminar la iniciativa.
- La reforma de Veracruz puede inspirar iniciativas similares en otros estados donde los desafueros han tardado meses en resolverse: Veracruz tardó semanas en desaforar a los dos alcaldes de agosto; en otros casos documentados por LGM, el proceso de declaración de procedencia se extendió por meses mientras los alcaldes seguían en funciones; si otros congresos estatales adoptan el modelo veracruzano de eliminar o simplificar el fuero municipal, el panorama de la responsabilidad penal de los integrantes del Cabildo cambiaría de manera significativa en todo el país.
Fuentes: La Silla Rota Veracruz | LGM – Desafueros Veracruz, 6 de agosto | LGM – Balance Operativo Enjambre, 11 de septiembre
