El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos (TJA) publicó el 7 de octubre en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” la resolución del expediente TJA/5ªSERA/JRAEM-135/2022, mediante la cual declara fundado el incidente de incumplimiento de sentencia en el caso del presidente municipal de Tlaquiltenango, Enrique Alonso Plascencia, y remite nuevamente el asunto al Congreso del Estado para que proceda conforme a sus atribuciones constitucionales. El TJA determinó que el alcalde no acreditó el cumplimiento de la resolución dictada desde el 4 de septiembre de 2024 ni presentó elementos suficientes para justificar el retraso. La resolución es la más reciente de un conflicto que el propio TJA escaló en junio de 2026 al ordenar la destitución e inhabilitación por un año de los alcaldes de Tlaquiltenango y Xoxocotla — y que se extiende también al municipio de Zacualpan de Amilpas, cuyo director de Seguridad Pública ya fue separado del cargo. El denominador común de los tres casos es el mismo: el incumplimiento de laudos y sentencias laborales a favor de extrabajadores municipales que ninguna de las administraciones anteriores pagó.
La cronología: cuatro meses de escalamiento entre el TJA y el Congreso
El caso de Tlaquiltenango tiene una historia que comenzó mucho antes de la administración actual. Los conflictos laborales que generaron los laudos impagos provienen de administraciones anteriores — el propio alcalde Enrique Alonso lo reconoció con humor negro en junio: “Hay quienes ya me dicen ‘adiós’ y yo por respeto les respondo lo mismo, pero el tema del tribunal son problemas heredados; no solo por la administración pasada, ni la antepasada, ni cuando yo estuve, sino desde muchísimo antes.” En junio de 2026, el TJA emitió su primera resolución de destitución e inhabilitación por un año y notificó al Congreso. El alcalde anunció que buscaría amparo federal. El Congreso inició el análisis del caso pero no actuó de inmediato. El 7 de octubre, cuatro meses después, el TJA publicó una nueva resolución en el Periódico Oficial declarando fundado el incidente de incumplimiento — y remitiendo el caso nuevamente al Congreso.
Por qué el TJA no puede destituir directamente al alcalde — y por qué el Congreso es la llave
El magistrado presidente del TJA, Guillermo Arroyo Cruz, explicó el límite institucional que define la arquitectura de este caso: aunque el Tribunal emitió la sentencia y tiene atribuciones para declarar el incumplimiento, no puede separar directamente del cargo a un servidor público electo por voto popular. La destitución de un alcalde requiere, en Morelos, la intervención del Congreso del Estado — que es el órgano que tiene la facultad constitucional de separar del cargo a los integrantes de un Cabildo. Eso significa que el TJA es el árbitro que determina que se incumplió la ley, pero el Congreso es el ejecutor de la sanción. Cuando el Congreso no actúa — como ocurrió en los cuatro meses que transcurrieron entre la primera notificación de junio y la nueva resolución de octubre — el desacato continúa, los laudos no se pagan y las personas que ganaron sus juicios laborales siguen sin recibir lo que les corresponde por ley.
El fondo del problema: deudas laborales que ninguna administración quiso heredar ni pagar
El caso de Tlaquiltenango ilustra uno de los problemas estructurales del municipalismo mexicano que menos se discute: las deudas laborales acumuladas durante años por los Ayuntamientos con extrabajadores que ganaron juicios laborales. Esas deudas — laudos y sentencias firmes — se transfieren de administración en administración porque ningún alcalde quiere pagar lo que no contrató, y porque los presupuestos municipales de los municipios más pobres frecuentemente no tienen la capacidad para liquidar esos pasivos en un solo ejercicio. El resultado es que los extrabajadores con sentencias firmes no cobran, el TJA escala las sanciones y los alcaldes en turno enfrentan procesos de destitución por deudas que heredaron. El Diario de Morelos identificó la insuficiencia presupuestal como el fondo del problema en ambos municipios — Tlaquiltenango y Xoxocotla son dos de los municipios con menor capacidad financiera del estado.
Los tres municipios de Morelos bajo el mismo procedimiento
Tlaquiltenango no es el único municipio morelense con este problema activo. El TJA mantiene ante el Congreso tres solicitudes de destitución: la de Enrique Alonso Plascencia (Tlaquiltenango), la de José Carlos Jiménez Ponciano (Xoxocotla) y la de Marino Santibáñez Alonso (Zacualpan de Amilpas). En Zacualpan de Amilpas, el TJA ya escaló a funcionarios no electos: el director de Seguridad Pública fue separado del cargo de manera inmediata. En Tlaquiltenango, el TJA ya solicitó también la destitución del contralor, el secretario municipal y otro funcionario.
¿Qué significa para el Cabildo?
- Los laudos laborales impagos son pasivos del Ayuntamiento — no de la persona que los contrató — y cada nueva administración que no los atiende escala el problema hacia consecuencias institucionales más graves: cuando el Cabildo aprueba su Presupuesto de Egresos sin identificar y presupuestar los pasivos laborales existentes, está aplazando una deuda que el TJA puede usar para destituir a sus propios integrantes; el inventario de sentencias y laudos pendientes de pago es uno de los documentos que el Cabildo debe solicitar como parte del proceso de entrega-recepción y monitorear trimestralmente.
- El desacato a una sentencia judicial firme es la causal más inequívoca de destitución que puede enfrentar un alcalde — y no tiene la ambigüedad política de otras causales: cuando el TJA tiene en su expediente una sentencia dictada el 4 de septiembre de 2024 y el alcalde no puede acreditar su cumplimiento en octubre de 2026, el argumento de defensa se agota; la única salida institucional es cumplir la sentencia o demostrar ante el Congreso que existe un plan de pago verificable que el TJA pueda supervisar.
- El Congreso estatal tiene la obligación de actuar cuando el TJA le remite una solicitud de destitución por desacato — la demora de cuatro meses en el caso de Morelos es el tipo de inacción que permite que los procesos de desacato se perpetúen: cuando el Congreso no resuelve con celeridad, el alcalde mantiene su cargo sin cumplir la sentencia, los extrabajadores siguen sin cobrar y el TJA debe emitir resoluciones adicionales para presionar al Legislativo; ese ciclo es costoso para todos y solo beneficia al funcionario que incumple.
Fuentes: Quadratín Morelos – Resolución 7 de octubre | Proceso – Primera resolución TJA junio | Quadratín Morelos – Congreso recibe notificación junio | La Jornada Morelos – Alcalde anuncia amparo | Diario de Morelos – TJA endurece sanciones | El Sol de Cuernavaca / OEM
