La sesión del Cabildo de Apatzingán del 12 de octubre terminó con tres hechos documentados que LGM integra en una sola nota: el Ayuntamiento aprobó por mayoría contratar un crédito de corto plazo por 10 millones de pesos para garantizar el pago de nómina; la regidora Carmen Zepeda Ontiveros — quien fue víctima del VPMG documentado por LGM el 25 de septiembre que culminó con la destitución del secretario de Obras Públicas el 8 de octubre — presentó un análisis presupuestal que acusa un desfase de 44 millones de pesos en ADEFAS y más de 70 millones de subejercicio en obra pública; y la misma regidora desplegó una lona con las imágenes de los regidores asesinados Bernardo Bravo y Carlos Manzo para exigir atención a la violencia en las zonas rurales del municipio. Solo dos votos fueron en contra del crédito: la regidora Zepeda y el regidor Hugo Molina.
El crédito de 10 millones: nómina, prestaciones — y fiestas octubrinas
El tesorero municipal Antonio Cabrera Castañeda explicó al Cabildo que el crédito de corto plazo por 10 millones de pesos responde a una insuficiencia temporal de liquidez: las participaciones federales llegan en parcialidades y los compromisos de gasto superan los ingresos disponibles durante octubre. Los recursos se destinarían a garantizar el pago de nómina y prestaciones laborales. La alcaldesa Fanny Arreola Pichardo añadió que el crédito facilitaría también el pago de aguinaldos, y aseguró que la deuda se saldaría antes de finalizar su mandato — sin trasladarla a la siguiente administración. Sin embargo, Quadratín documentó un elemento que la administración no destacó: parte de los recursos también se destinarían a las fiestas octubrinas del municipio — lo que añadió una capa adicional de cuestionamiento al crédito.
El análisis de la regidora: 50 millones en ADEFAS donde debía haber 6 — y 70 millones de subejercicio en obra pública
La intervención de la regidora Carmen Zepeda Ontiveros fue el momento de mayor densidad analítica de la sesión. Con base en el estado analítico del ejercicio presupuestal de los últimos seis meses, la regidora presentó tres señalamientos con cifras verificables del propio informe oficial. El primero: la partida de ADEFAS — adeudos de ejercicios fiscales anteriores — tiene una previsión de 6 millones de pesos; en los primeros seis meses de 2026, el Ayuntamiento ya desembolsó 50 millones bajo ese concepto. La diferencia: 44 millones de pesos gastados en pago de deudas pasadas por encima de lo presupuestado. El segundo: en el mismo periodo se destinaron 24 millones de pesos a apoyos sociales, sin que se haya transparentado quiénes recibieron esos recursos. El tercero: el Ayuntamiento tiene un subejercicio superior a 70 millones de pesos en proyectos de obra pública — en seis meses solo se ejecutaron 10 millones de los recursos disponibles para infraestructura. La regidora lo sintetizó ante el tesorero: “Por eso está desfalcado, por eso no tiene liquidez, porque en lugar de ajustarse a los seis millones de ADEFAS, en seis meses pagó 50 millones.”
La venta de vehículos: 270 mil pesos sin carta de intención, sin inventario y sin procedimiento documentado
La sesión incluyó también la propuesta del síndico Francisco Aguilar Rodríguez de vender seis vehículos dados de baja del Ayuntamiento por 270 mil pesos a un comprador de Uruapan. La regidora Zepeda cuestionó la propuesta con precisión documental: no había inventario de los vehículos, no había carta de intención del comprador, no había procedimiento formal de enajenación de bienes del patrimonio municipal. Preguntó si todos los vehículos eran realmente inservibles o si algunos podrían repararse y aprovecharse para los servicios públicos que el municipio tiene pendientes. El síndico defendió la propuesta argumentando que los recursos obtenidos se destinarían a reparar una ambulancia, un autobús de actividades sociales y un camión de recolección de basura.
El hilo que conecta esta sesión con la nota del 25 de septiembre
La regidora Carmen Zepeda Ontiveros que hoy presentó el análisis presupuestal más riguroso de la sesión es la misma que el 28 de enero fue jalada, sujetada por la nuca y lesionada por el secretario de Obras Públicas Rogelio Saúl Reyes Peralta cuando cuestionó el destino de 16 millones de pesos — caso que el TEEMich acreditó como VPMG grave especial el 23 de septiembre. El 8 de octubre, cuatro días antes de esta sesión, la alcaldesa Fanny Arreola destituyó al secretario tras la sentencia del TEEMich. Sin embargo, en la sesión extraordinaria del 1 de octubre, Reyes Peralta no se presentó a ofrecer la disculpa pública que la sentencia ordenó — y el Cabildo concluyó sin aprobar el punto de cumplimiento de la sentencia.
¿Qué significa para el Cabildo?
- Un desfase de 44 millones entre lo presupuestado y lo pagado en ADEFAS en seis meses es el tipo de irregularidad que justifica exactamente el mecanismo de comparecencias periódicas que Mazatlán aprobó el 25 de septiembre: cuando el tesorero municipal no rinde cuentas de manera regular ante el Cabildo, las divergencias entre lo presupuestado y lo ejercido se acumulan hasta que se revelan en una sesión con confrontación pública; la comparecencia trimestral del tesorero ante el Cabildo es la forma de detectar esas divergencias antes de que se conviertan en una crisis de liquidez.
- La venta de bienes del patrimonio municipal requiere un procedimiento formal que incluye inventario actualizado, avalúo, convocatoria pública y acuerdo del Cabildo con fundamento en la ley: cuando el síndico propone vender seis vehículos sin presentar la carta de intención, sin inventario y sin procedimiento documentado, el Cabildo tiene la obligación de rechazar la propuesta hasta que se cumpla con todos los requisitos; la regidora Zepeda ejerció exactamente esa función de control en la sesión del 12 de octubre.
- El subejercicio de 70 millones en obra pública mientras el municipio contrae deuda para pagar nómina es la combinación más dañina que puede ocurrir en las finanzas municipales: los recursos para obra pública — FAIS, FORTAMUN, FAISMUN — están etiquetados y tienen plazos de ejercicio; cuando se acumulan sin ejecutarse, el municipio pierde la oportunidad de mejorar la infraestructura de su comunidad, acumula presiones de la Auditoría Superior y llega al cierre del año con recursos que no pudo usar; el Cabildo puede acordar que la Dirección de Obras Públicas informe mensualmente sobre el avance de ejecución de los proyectos etiquetados.
Fuentes: La Extra – Sesión de Cabildo | Quadratín Michoacán – Crédito y fiestas octubrinas | Contramuro – Venta de vehículos sin carta de intención | Contramuro – Acusación presupuestal | A Tiempo – Destitución secretario de Obras | Quadratín Michoacán – Regidora exige memoria de Bravo y Manzo | LGM – TEEMich VPMG Apatzingán, 25 de septiembre
