El Presidente Municipal de Celaya, Guanajuato, Juan Miguel Ramírez Sánchez, anunció el 13 de octubre — al cumplir dos años de gestión — que su administración presentará entre 30 y 40 demandas administrativas y penales contra quienes resulten responsables de irregularidades heredadas de gobiernos anteriores. Los tres frentes que el alcalde identificó: más de 100 millones de pesos en laudos laborales acumulados por despidos mal ejecutados en administraciones pasadas cuyos juicios laborales se perdieron; la promesa incumplida del gobierno saliente de dejar recursos para operar las dependencias durante los últimos meses de 2024, que derivó en que el municipio arrancara sin un solo peso en caja; y las contrataciones con la empresa Seguritech — proveedora del C4 y videovigilancia — que están bajo análisis por posibles inconsistencias. El dato que la nota de La Silla Rota y otros medios registraron sin subrayarlo suficientemente: el alcalde reconoció que todavía no tiene definida la fecha para presentar las demandas. La oposición panista ya le exige que pase de los señalamientos públicos a las denuncias formales con pruebas.
Los 100 millones en laudos: el pasivo más concreto y documentado
El problema de los laudos laborales heredados en Celaya tiene una cronología documentada que LGM puede trazar a través de la cobertura de varios medios locales. Desde julio de 2026, el alcalde reconoció públicamente que los pasivos laborales acumulados por administraciones anteriores superan los 100 millones de pesos — resultado de despidos de personal cuyas liquidaciones y prestaciones no se pagaron conforme a derecho y que derivaron en juicios laborales perdidos en tribunales. En septiembre de 2026, el municipio enfrentó un nuevo embargo ejecutado por una extrabajadora con laudo pendiente — y emergió un dato adicional: el despacho jurídico externo contratado desde administraciones anteriores presuntamente no se presentó a una diligencia convocada por la autoridad laboral, lo que permitió que avanzara la ejecución del embargo. En julio de 2026, la administración ya había destinado 19 millones de pesos al pago de estos compromisos — recursos provenientes de ahorros propios y de una mayor recaudación del predial, no del presupuesto ordinario. Las demandas que el alcalde anuncia ahora buscarían responsabilizar a los funcionarios de las administraciones anteriores que tomaron las decisiones de despido que generaron esos laudos.
El caso Seguritech: un proveedor que también investigan en Salvatierra
El segundo frente del anuncio del alcalde es la investigación sobre los contratos con Seguritech — empresa proveedora de tecnología e infraestructura del C4 y del sistema de videovigilancia municipal. El alcalde señaló que el municipio analiza si existieron inconsistencias en los convenios firmados por administraciones anteriores con esa empresa, y que no descarta revisar si hubo pagos excedentes u otras anomalías. El dato de contexto que amplía el alcance del caso: el presidente municipal de Salvatierra, Daniel Sámano, también ha planteado acciones legales contra Seguritech por presuntas irregularidades en contratos similares. Esa coincidencia entre dos municipios guanajuatenses que investigan al mismo proveedor sugiere que el patrón de contratación de Seguritech puede ser más amplio que un caso aislado — aunque ninguna de las dos investigaciones tiene hasta ahora un expediente formal presentado ante la Fiscalía.
La promesa incumplida de la entrega-recepción: cero pesos donde había que haber millones
El tercer frente es el menos documentado formalmente pero el más político: el alcalde afirma que durante el proceso de entrega-recepción en octubre de 2024, el gobierno saliente le informó que dejaría entre 10 y 20 millones de pesos por dirección para garantizar la operación de las dependencias durante octubre, noviembre y diciembre. Al asumir el cargo, no encontró ningún peso disponible. Desde la primera semana de su administración solicitó una auditoría integral al gobierno de su antecesor Javier Mendoza Márquez ante el Congreso del Estado. Ese antecedente de octubre de 2024 es el origen documentado de la tensión con las administraciones anteriores que el alcalde ahora escala con el anuncio de demandas.
La respuesta de la oposición: señalamientos sin denuncias formales no son suficientes
El regidor panista Carlos Ruiz León respondió al anuncio del alcalde con una exigencia directa: que presente las denuncias formales y aporte pruebas de los presuntos actos de corrupción que ha señalado públicamente. El regidor atribuyó los señalamientos del alcalde a una supuesta falta de resultados de su administración y acusó al presidente municipal de lanzar acusaciones sin sustento. Ese intercambio ilustra la tensión política que rodea el anuncio: el alcalde lleva dos años señalando públicamente las irregularidades heredadas, ha solicitado auditorías y ha reconocido el problema de los laudos, pero al cierre de la nota no ha presentado ninguna demanda formal. El propio alcalde lo reconoció: “Tenemos 30 o 40 demandas que vamos a hacer, que no hicimos, pero tenemos cinco años para hacerlas” — sin precisar cuándo comenzarán.
¿Qué significa para el Cabildo?
- El proceso de entrega-recepción es el instrumento más importante que tiene una nueva administración para documentar el estado real de las finanzas municipales al momento de asumir — y sus hallazgos deben quedar protocolizados ante notario y ante la Contraloría desde el primer día: cuando una administración entrante recibe promesas verbales de recursos disponibles que después no existen, la única protección institucional es el acta de entrega-recepción con inventario detallado de cuentas, saldos, contratos vigentes y pasivos laborales; sin ese documento firmado y protocolizado, la nueva administración tiene dificultades para acreditar ante una instancia judicial que las promesas del gobierno saliente eran falsas.
- Los laudos laborales heredados son pasivos del municipio — no del alcalde que los contrató — y el Cabildo que recibe una administración con esos pasivos tiene la obligación de presupuestarlos y buscar su resolución: cuando el municipio tiene 100 millones en laudos pendientes y destina 19 millones al año para pagarlos, necesita casi seis años para liquidarlos — en ese tiempo, los extrabajadores con sentencias firmes pueden solicitar embargos sobre los bienes del Ayuntamiento; el Cabildo puede acordar que la Sindicatura elabore un inventario actualizado de todos los pasivos laborales pendientes y proponga un calendario de liquidación que evite los embargos.
- El anuncio de demandas sin fecha es un instrumento político legítimo pero de impacto institucional limitado: cuando el alcalde anuncia que presentará demandas “en algún momento dentro de los cinco años que tiene la ley” sin especificar los casos, los montos ni los plazos, el anuncio funciona como señalamiento político pero no como acción legal; el Cabildo puede acordar que la Contraloría Municipal presente en la próxima sesión ordinaria un informe sobre los expedientes que ya están documentados y listos para derivarse a la Fiscalía, para que la decisión de denunciar pase del discurso a la acción institucional verificable.
Fuentes: La Silla Rota Guanajuato | Periódico Correo – Celaya prepara demandas | Ágora GTO – Aún no sabe cuándo | AM Celaya – 100 millones en laudos, intento de embargo | Periódico Correo – Nuevo embargo septiembre | AM Celaya – Regidor panista exige pruebas | Ágora GTO – 19 millones pagados en laudos julio 2026
