El diputado Paul Martínez Marie, presidente de la Comisión de Hacienda Municipal del Congreso de Veracruz, informó que la Legislatura ha iniciado la revisión de las plantillas de personal de los 212 Ayuntamientos del estado, que cumplieron en tiempo con la entrega de sus proyectos de Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y plantilla de personal para 2027 antes del vencimiento del plazo el 30 de septiembre. El objetivo de la revisión: identificar casos en que funcionarios de confianza tengan percepciones superiores a las de Regidores, Síndicos o Presidentes Municipales — una irregularidad documentada en el primer año de las nuevas administraciones, que incluyó casos de alcaldes que ganaban más que la gobernadora Rocío Nahle. El diputado fue explícito sobre las consecuencias: si se detectan salarios que rebasen los límites establecidos y se determina que hubo pagos indebidos, los recursos tendrán que ser reintegrados, y de persistir las irregularidades, podrán derivar en denuncias penales.
Lo que el Congreso revisará: tres focos de atención en la nómina municipal
La revisión que el Congreso de Veracruz inició tiene tres focos concretos. El primero y más inmediato son los tabuladores salariales del personal de confianza: el Congreso buscará que ningún funcionario de confianza ingresado con las nuevas administraciones tenga percepciones superiores a las de un regidor, síndico o presidente municipal — el tope constitucional que el Artículo 127 de la Constitución Federal establece como límite para los servidores públicos en los tres órdenes de gobierno. El segundo foco son los trabajadores sindicalizados con salarios elevados: el diputado reconoció que hay excepciones justificadas cuando las altas percepciones provienen de negociaciones laborales realizadas por administraciones anteriores; esas situaciones se respetarán, pero no son trasladables al personal de confianza de las nuevas administraciones. El tercer foco son los cobros en la Ley de Ingresos sin fundamento legal: el Congreso revisará que los proyectos estén sustentados en los códigos hacendarios municipales y en la legislación estatal aplicable, para que ningún Ayuntamiento incorpore cobros que estén fuera de sus atribuciones ni cree “impuestos inventados” sin respaldo normativo.
El contexto que detonó la revisión: alcaldes que ganaban más que la gobernadora
La decisión del Congreso de poner especial atención a los tabuladores municipales no es arbitraria — tiene un antecedente documentado. En el primer año de las administraciones municipales que arrancaron en 2025, se reportaron casos de alcaldes veracruzanos con percepciones superiores a las de la gobernadora Rocío Nahle, y casos de funcionarios de confianza con salarios que superaban los de los propios regidores y síndicos a quienes nominalmente estaban subordinados. El caso más emblemático de ese patrón fuera de Veracruz es el que LGM documentó en Huichapan, Hidalgo, donde los regidores desplegaron una manta durante el segundo informe de gobierno denunciando que la alcaldesa era “la presidenta municipal mejor pagada del estado”. Esas situaciones no son exclusivas de ningún estado — son el resultado de una ausencia generalizada de controles en la etapa inicial de las nuevas administraciones, cuando el Cabildo aprueba la plantilla de personal sin revisar con suficiente detalle los tabuladores del personal de confianza.
Las consecuencias: devolución de recursos y posibles denuncias
El diputado Martínez Marie estableció una ruta de consecuencias escalonada que el Congreso activará si la revisión detecta irregularidades. En primer lugar, el Congreso emitirá observaciones a los Ayuntamientos para que realicen las correcciones correspondientes. Si durante esa revisión se determina que hubo pagos indebidos, los recursos tendrán que ser reintegrados: “Están cayendo en una ilegalidad”, afirmó el diputado. Si las autoridades municipales no atienden las observaciones o persisten las irregularidades, procederán las denuncias correspondientes. Esa cadena — observación, corrección, devolución, denuncia — es el modelo de escalamiento que los sistemas de control hacendario municipal están diseñados para activar, pero que rara vez se aplica con la claridad y la firmeza que el diputado veracruzano describió.
La nota relacionada que amplía el contexto: el Congreso de Veracruz quitó el fuero a alcaldes en septiembre
La revisión salarial llega en el mismo estado que el 25 de septiembre aprobó eliminar el fuero constitucional a alcaldes y síndicos — iniciativa promovida por la gobernadora Nahle que LGM documentó el 17 de septiembre. Ambas acciones del Congreso de Veracruz apuntan en la misma dirección: aumentar la accountability de los servidores públicos municipales y reducir los espacios de impunidad, tanto en la gestión del cargo como en la estructura salarial de las administraciones.
¿Qué significa para el Cabildo?
- El Artículo 127 de la Constitución Federal establece que ningún servidor público puede recibir una remuneración mayor a la del Presidente de la República en funciones equivalentes — y ese principio se aplica a todos los niveles, incluyendo los municipios: cuando el Cabildo aprueba la plantilla de personal y los tabuladores salariales, está ejerciendo una de sus facultades más importantes y más frecuentemente descuidadas; un funcionario de confianza que gana más que el regidor o el síndico no solo viola ese principio sino que también deforma la estructura de responsabilidades del Ayuntamiento.
- La aprobación de la plantilla de personal por el Cabildo no es un trámite — es un acto de control presupuestal que debe incluir la revisión explícita de que ningún funcionario de confianza supere los topes establecidos por la ley: el regidor de Hacienda y el síndico tienen la atribución y la obligación de revisar ese documento antes de que llegue a votación; cuando el Cabildo aprueba una plantilla sin revisar los tabuladores del personal de confianza, asume la responsabilidad de los pagos indebidos que esa plantilla genere.
- Si el Congreso estatal detecta pagos indebidos en la plantilla municipal y ordena su devolución, la responsabilidad no es solo del alcalde — recae sobre todos los integrantes del Cabildo que aprobaron esa plantilla: esa corresponsabilidad es el argumento más poderoso para que los regidores ejerzan su facultad de revisión con rigor antes de aprobar cualquier plantilla de personal; votar a favor de una nómina sin revisarla es firmar un cheque en blanco con consecuencias potencialmente personales.
Fuentes: La Silla Rota Veracruz | LGM – Fuero alcaldes Veracruz, 17 de septiembre | LGM – Informes Hidalgo con protestas de regidores, 21 de septiembre
