La Fiscalía General de la República reveló este miércoles el alcance real de la Operación Enjambre en Morelos: el Cártel de Sinaloa penetró al menos ocho municipios de la entidad financiando campañas electorales para colocar perfiles afines en cargos públicos. El resultado fue impunidad para extorsión, homicidio, narcomenudeo, robo y secuestro.
El Cártel de Sinaloa penetró las estructuras de al menos ocho municipios de Morelos mediante el financiamiento de campañas electorales de candidatos que posteriormente asumieron cargos públicos. El vocero de la FGR, Ulises Lara López, detalló que mediante ese financiamiento ilícito, grupos delictivos lograron colocar a personas afines en puestos clave de poder, asegurándose impunidad para sus operaciones criminales mediante la coacción y la eliminación de adversarios políticos.
El eje de la investigación es Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, identificado como líder regional del Cártel de Sinaloa en la zona oriente de Morelos. Entre las evidencias integradas al expediente figura material audiovisual donde presuntamente aparecen alcaldes electos en junio de 2024 reunidos con “El Barbas”.
La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueará las cuentas de 22 personas físicas y 10 empresas presuntamente vinculadas con la red de corrupción, entre ellos familiares de presidentes municipales, funcionarios y empresas sospechosas de operaciones con lavado de dinero. Como resultado de la infiltración en estructuras municipales, el Cártel de Sinaloa obtuvo “permisividad y libertad” para cometer delitos como extorsión, homicidio, narcomenudeo, robo y secuestro en Morelos.
La FGR vinculó la infiltración municipal con la muerte de exalcaldes morelenses en 2022 y 2023, así como con agresiones contra aspirantes a candidaturas durante el proceso electoral 2023-2024. Los funcionarios detenidos en el operativo enfrentan cargos por extorsión, delitos contra la salud, tráfico de armas y delincuencia organizada.
¿Qué significa para el Cabildo?
- El financiamiento de campaña como vector de infiltración: La FGR documenta por primera vez de forma pública que la vía de entrada del crimen organizado a los Ayuntamientos no fue la coerción posterior, sino el financiamiento electoral previo. Todo Cabildo debe conocer el origen de los recursos de sus campañas y exigir que esa información esté declarada; la opacidad en ese rubro es hoy un factor de riesgo institucional verificado.
- La UIF como herramienta de fiscalización: El bloqueo de cuentas de 22 personas y 10 empresas vinculadas a la red, incluyendo familiares de funcionarios, muestra que la investigación no se limita al titular del cargo. Los Regidores y Síndicos deben revisar que los contratos y proveedores del Ayuntamiento no tengan vínculos con personas señaladas; el Padrón de Proveedores y las declaraciones de conflicto de interés son los instrumentos mínimos.
- Morelos no es un caso aislado: La Operación Enjambre ya acumula más de 60 servidores públicos detenidos a nivel nacional. El patrón —financiamiento de campaña, colocación de perfiles afines, impunidad operativa— es replicable en cualquier entidad. El Cabildo que no revisa sus controles internos hoy, asume ese riesgo de forma pasiva.
Fuentes: La Jornada, Infobae, La Razón de México, SDP Noticias, La Voz de Michoacán — 20 de mayo de 2026.
