Ante reportes de presuntas extorsiones, amenazas y personas que se hicieron pasar por inspectores municipales en la zona de Ciudad Caucel, el Ayuntamiento de Mérida anunció que el personal de inspección de la Secretaría Técnica del Servicio Público de Mercados comenzó a utilizar cámaras corporales capaces de registrar en tiempo real las interacciones durante sus diligencias, además de sistemas de geolocalización que permiten conocer la ubicación del personal en todo momento. La alcaldesa Cecilia Patrón Laviada llamó a los comerciantes afectados a presentar denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán y recordó que todo inspector municipal está obligado a identificarse debidamente durante sus diligencias. El caso detonador fue la denuncia pública de una comerciante de Ciudad Caucel que señaló que personas que presuntamente se hicieron pasar por inspectores le exigían pagos para permitirle trabajar.
El detonador: falsos inspectores, cobros irregulares y un encintado no oficial
La denuncia que desencadenó la medida provino de una comerciante de Ciudad Caucel que reportó públicamente que personas que presuntamente se presentaron como inspectores municipales le exigían pagos para permitirle continuar con su actividad comercial. El Ayuntamiento precisó que posteriormente fue colocado un encintado en el área que no correspondía al utilizado oficialmente por la dependencia — una señal de que las personas involucradas en los presuntos cobros no eran personal municipal autorizado. El caso fue turnado a las áreas correspondientes del Ayuntamiento y la afectada presentó una denuncia ante la Fiscalía del Estado de Yucatán, que lleva la investigación ministerial. La Secretaría Técnica de Mercados fue explícita en delimitar su competencia: no le corresponde realizar investigaciones de carácter ministerial — esa es atribución de la Fiscalía.
Las cámaras corporales como respuesta institucional: qué registran y para qué sirven
La Secretaría Técnica del Servicio Público de Mercados informó que las cámaras corporales permiten registrar las interacciones entre los inspectores y las personas durante las diligencias — lo que crea un respaldo audiovisual de cada actuación que puede ser utilizado tanto para proteger al inspector ante acusaciones falsas como para documentar conductas irregulares del propio personal municipal. Los dispositivos incluyen además sistemas de geolocalización que permiten al Ayuntamiento conocer en tiempo real dónde se encuentra cada inspector durante su jornada, lo que facilita la respuesta ante eventualidades y reduce las posibilidades de que un inspector actúe fuera de su área asignada sin registro. El objetivo declarado por la dependencia es generar mayor certeza sobre las actuaciones de los servidores públicos, prevenir confusiones con falsos inspectores y fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la función inspectora.
El dato adicional que la nota revela: la comerciante no tenía permiso
La Secretaría Técnica de Mercados precisó un dato que añade complejidad al caso: al momento de los hechos denunciados, la comerciante involucrada no contaba con el permiso correspondiente para ejercer actividades comerciales en la vía pública, por lo que su actividad se encontraba fuera de las disposiciones del Reglamento de Mercados del municipio. El Ayuntamiento señaló que la ciudadana fue atendida por personal municipal y que posteriormente inició un proceso de regularización que continúa en trámite. Ese dato no invalida la denuncia — una persona que opera sin permiso también puede ser víctima de extorsión — pero sí añade un elemento de contexto que el Cabildo y los mecanismos de control interno deben considerar: la función inspectora opera con mayor riesgo de irregularidades cuando actúa sobre comerciantes en situación de informalidad, que pueden ser más vulnerables a presiones de falsos inspectores o de personal corrupto.
¿Qué significa para el Cabildo?
- Equipar a los inspectores municipales con cámaras corporales y geolocalización es una medida de transparencia que protege simultáneamente a la ciudadanía y al propio personal municipal: cuando cada interacción del inspector queda registrada en video, se reduce el espacio para la extorsión de doble vía — tanto la que ejerce el inspector corrupto sobre el ciudadano como la que ejerce el ciudadano que levanta una denuncia falsa contra un inspector que actuó correctamente; ese doble blindaje es el argumento más convincente para adoptar la medida.
- La obligación de identificarse debidamente durante las diligencias es una norma que el Cabildo puede reforzar mediante el Reglamento de Inspección o de Mercados: cuando los ciudadanos no saben cómo identificar a un inspector municipal legítimo — credencial, uniforme, vehículo oficial, área de competencia — son más vulnerables a personas que se hacen pasar por inspectores; el Ayuntamiento puede publicar en su sitio web y en sus redes sociales un protocolo ciudadano de verificación de inspectores que incluya el número de contacto para confirmar si una persona está autorizada.
- La geolocalización del personal de inspección es además una herramienta de gestión operativa que mejora la eficiencia de la función inspectora: cuando el Ayuntamiento sabe en tiempo real dónde está cada inspector, puede asignar mejor las rutas, responder más rápido ante emergencias y verificar que el personal cumple con los recorridos asignados; ese beneficio operativo es independiente del control de extorsiones y justifica por sí solo la inversión en los dispositivos.
Fuentes: POSTA MX
