El Cabildo de Playas de Rosarito promovió un juicio político ante el Congreso de Baja California contra el Síndico Municipal, Ricardo Bejarano Núñez, quien se ha negado a entregar al Ayuntamiento los expedientes del Centro de Control de Confianza C3 que documentan qué policías aprobaron o reprobaron sus evaluaciones.
El desacuerdo institucional escaló luego de que el Cabildo detectara irregularidades severas en la información disponible sobre los agentes policiacos evaluados por el C3. Ante la negativa del Síndico para rendir cuentas de manera interna, los Regidores acordaron formalizar la petición directamente ante el Poder Legislativo de Baja California para forzar la transparencia en la corporación policial.
La alcaldesa Rocío Adame desmintió de forma categórica la postura del Síndico, quien ha argumentado que los datos solicitados tienen carácter confidencial, señalando que dicha justificación carece de sustento legal cuando se trata de coordinación interna entre autoridades gubernamentales. “Él dice que es confidencial, pues eso no es confidencial… Debemos saber sobre todo el seguimiento si hay alguna situación ahí especial”, declaró la mandataria local.
La alcaldesa subrayó que este procedimiento se realiza con normalidad en otros municipios de la Zona Costa de Baja California, y advirtió que la opacidad del órgano interno de control no solo detiene el proceso de depuración policial, sino que representa una amenaza financiera directa para las arcas públicas: “Aquí lo preocupante es que se haga un daño patrimonial al municipio”.
El Congreso del Estado de Baja California recibirá la petición formal del Cabildo, se convertirá en la autoridad responsable de evaluar los elementos probatorios y permitirá al Síndico Ricardo Bejarano Núñez presentar su defensa de forma oficial, mientras el proceso de depuración de la policía local permanece bajo escrutinio público.
¿Qué significa para el Cabildo?
- ¿La Sindicatura tiene obligación de informar al Cabildo?: La confidencialidad de los expedientes C3 aplica frente a terceros, no frente a las propias autoridades municipales coordinadas; un Síndico que niega información al Cabildo sobre el estado de la policía local incurre en una omisión de acceso a la información para el ejercicio del cargo público.
- El juicio político es un instrumento real: Este caso demuestra que el juicio político no es una figura decorativa; cuando un funcionario obstaculiza la rendición de cuentas interna y pone en riesgo el patrimonio municipal, el Cabildo tiene la vía legislativa para exigir responsabilidad. La evidencia mínima necesaria: actas de sesión donde conste la negativa, oficios con acuse de recibo y el dictamen de la consejería jurídica.
- Depuración policial como obligación municipal: Los resultados del C3 son insumo indispensable para que el Cabildo tome decisiones sobre la corporación policial; sin esa información, no es posible acreditar ante la ciudadanía que los elementos en servicio son confiables, lo que genera riesgo institucional, presupuestal y de seguridad pública.
