El Ayuntamiento de Zinacantepec, Estado de México, enfrenta un conflicto institucional entre el Presidente Municipal Manuel Vilchis Viveros (Morena) y la Síndica María Félix González Zepeda (PAN), que en menos de dos semanas pasó de una votación interna sobre bienes inmuebles a denuncias cruzadas ante la Fiscalía y amenazas de acciones legales ante la Contraloría del Poder Legislativo. El fondo del conflicto involucra 24 inmuebles donados al municipio por desarrolladores inmobiliarios que, según el Ayuntamiento, estaban pendientes de regularización patrimonial; según la Síndica, esa gestión presentó irregularidades que ameritan investigación penal.
Los hechos: de la votación en comité a la denuncia ante la Fiscalía
El proceso inició cuando la administración municipal emprendió, a través del Secretario del Ayuntamiento, la regularización e inscripción registral de 24 predios donados al municipio por desarrolladores inmobiliarios — bienes que correspondían a escuelas, delegaciones municipales y equipamiento urbano pendientes de formalizar desde administraciones anteriores. El 23 de junio de 2026, el Comité de Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento revisó el dictamen de regularización: según el Ayuntamiento, en esa sesión la Síndica González Zepeda no realizó ninguna observación y el dictamen se aprobó por unanimidad. Sin embargo, en la sesión de Cabildo posterior, la Síndica votó en contra del mismo asunto. El 6 de julio, González Zepeda ratificó ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de México una denuncia presentada contra quien resulte responsable por presuntas irregularidades en la gestión de los inmuebles y un posible desvío de recursos. Al día siguiente, el 7 de julio, el Presidente Municipal Vilchis Viveros convocó a una conferencia de prensa para rechazar las acusaciones, presentar la documentación que acredita la regularidad del proceso, y anunciar acciones legales contra la Síndica.
Las dos versiones en disputa
La versión del Ayuntamiento es consistente en todas las fuentes consultadas: los 24 predios forman parte de un proceso de regularización patrimonial iniciado en 2022, la Síndica aprobó el dictamen en el Comité sin objeciones y solo cuestionó el proceso después de enterarse de que la Tesorería realizaba los pagos notariales correspondientes, la denuncia fue presentada “contra quien resulte responsable” sin señalar directamente al Alcalde, y la Fiscalía aún no ha abierto una carpeta de investigación con él como imputado. El Ayuntamiento analiza presentar denuncias ante la Contraloría del Poder Legislativo por presuntas omisiones de la Sindicatura — ya que la fracción VIII del Artículo 53 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México atribuye a la Sindicatura la regularización e inscripción de los bienes inmuebles municipales — y también considera acciones legales por los señalamientos públicos.
La versión de la Síndica no fue recogida directamente por ninguna de las fuentes disponibles al cierre de esta nota: González Zepeda no ofreció declaraciones públicas detalladas sobre sus razones para presentar la denuncia, más allá de la ratificación ante la Fiscalía y la frase “yo vengo a trabajar, no me vengo a robar nada, porque estamos para defender al municipio y al pueblo”. LGM no cuenta con su versión completa del caso y lo señala explícitamente.
El trasfondo político: un exdiputado panista y el proceso electoral de 2027
El alcalde Vilchis vinculó el conflicto con Javier González Zepeda, hijo de la Síndica y exdiputado federal y local por el PAN, a quien identificó como el “autor intelectual” de la estrategia de desgaste político. AD Noticias confirma que González Zepeda figura entre los perfiles mencionados como posible aspirante del PAN a la presidencia municipal de Zinacantepec en 2027, lo que sitúa el conflicto dentro del ciclo de posicionamientos previos al proceso electoral. El propio alcalde vinculó los señalamientos con el contexto de investigaciones y procesos judiciales que enfrentan otros presidentes municipales mexiquenses — una referencia al caso de Nancy Nápoles de Tenancingo, entre otros.
¿Qué significa para el Cabildo?
- El conflicto entre la Sindicatura y la Presidencia Municipal sobre la gestión del patrimonio evidencia una ambigüedad en la distribución de facultades que el Cabildo debe resolver de manera formal: la Ley Orgánica Municipal del Estado de México atribuye a la Sindicatura la regularización e inscripción de bienes inmuebles municipales, pero el Ayuntamiento argumenta que fue la Secretaría General quien ejecutó esa tarea ante la omisión de la Sindicatura; esa superposición de funciones — sea por omisión o por invasión de atribuciones — debe clarificarse mediante un acuerdo de Cabildo que defina con precisión los procedimientos internos para la gestión patrimonial.
- Votar a favor en comité y en contra en sesión de Cabildo sobre el mismo asunto genera una contradicción que la Sindicatura debe explicar con documentos, no solo con declaraciones: cuando un integrante del Cabildo cambia su posición entre el nivel de comité y el pleno sin justificación documentada, se abre una duda sobre la coherencia del proceso deliberativo interno; el Ayuntamiento puede solicitar formalmente que esa contradicción quede explicada en acta, con los argumentos jurídicos o técnicos que la motiven.
- Las denuncias cruzadas entre Presidencia Municipal y Sindicatura tienen un costo institucional que trasciende a los actores individuales: cuando el alcalde y la síndica se denuncian mutuamente, la credibilidad del Ayuntamiento como institución se deteriora ante la ciudadanía; el Cabildo en pleno — a través de los Regidores — puede solicitar que se instale una mesa de análisis jurídico interno con el área legal del Ayuntamiento y la Contraloría Municipal para determinar, antes de que escale más el conflicto, qué procedimientos administrativos estaban previstos en la ley y si fueron seguidos correctamente.
Fuentes: Diario Evolución | Plana Mayor | Diario Portal | AD Noticias | Cuestión de Polémica | Digital Mex
