Nueve Presidentes Municipales de las regiones Centro y Montaña Baja de Guerrero suspendieron su participación en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz el 24 de mayo de 2026, acusando al gobierno federal y estatal de omisión, indiferencia y simulación ante la crisis de violencia que el grupo criminal denominado Los Ardillos ha desatado en sus municipios. Detrás de la decisión hay meses de reportes ignorados, más de 800 familias desplazadas, seis muertos, cinco desaparecidos y decenas de casas incendiadas.
El detonante inmediato fueron los ataques armados registrados entre el 6 y el 11 de mayo, cuando el grupo criminal Los Ardillos atacó las comunidades de Alcozacán, Acahuehuetlán, Tula y Xicotlán, dejando seis muertos, cinco desaparecidos y decenas de casas incendiadas. A raíz de esos hechos, los gobiernos federal y estatal impulsaron una mesa de diálogo con sede en Chilapa de Álvarez.
Los nueve Alcaldes señalaron que durante meses acudieron con responsabilidad institucional a la Mesa de Coordinación, exponiendo de manera puntual los hechos de violencia, amenazas, ataques armados y desplazamientos forzados en sus municipios, sin recibir respuestas concretas ni acciones efectivas. En su comunicado fueron directos: “La realidad que viven nuestros pueblos no se resuelve con discursos, con comunicados vacíos ni con reuniones estériles. La ciudadanía exige seguridad y gobernabilidad; exige presencia real del Estado y no actos de simulación institucional.”
El episodio que detonó la ruptura formal ocurrió el 22 de mayo en Chilapa de Álvarez, cuando los Alcaldes acudieron por invitación oficial de la presidenta municipal Mercedes Carballo Chino al acto de toma de protesta de comisarios municipales, y autoridades estatales y federales les bloquearon el acceso. Los ediles calificaron esto de “inadmisible y ofensivo” hacia autoridades electas constitucionalmente.
Los nueve Alcaldes que formalizaron su salida son: Micaela Manzano Martínez, de José Joaquín de Herrera; Khalia Areli Ramos Decena, de Zitlala; Ángel Aguilar Romero, de Acatepec; Alberto Michi Campos, de Tixtla; David Astudillo Morales, de Quechultenango; Pedro Ojeda Reyes, de Ahuacuotzingo; Gerardo Mosso López, de Mochitlán; Jesús Vázquez García, de Mártir de Cuilapan, y Guillermo Matías Barrón, de Atlixtac.
Los firmantes advirtieron que los municipios afectados comparten vecindad y problemáticas delictivas idénticas, por lo que integrarán un frente común de autogestión y coordinación interna para defender la gobernabilidad. Asimismo, exigieron al Gobierno Federal y al Estado detener las prácticas de desinformación y veto político que, a su juicio, solo profundizan la debilidad de las instituciones frente a los grupos armados.
La situación tiene un agravante documentado: la alcaldesa de Chilapa, Mercedes Carballo Chino, es cuñada de Celso Ortega, jefe de Los Ardillos, quien está casado con una hermana de la alcaldesa. Organizaciones como el Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata han denunciado públicamente el uso de drones cargados con explosivos contra la población civil desde el 6 de mayo.
¿Qué significa para el Cabildo?
- Retirarse de una mesa es un acto institucional, no una renuncia: La decisión de los nueve Alcaldes de formalizar su salida mediante comunicado conjunto —documentando los hechos, nombrando a los responsables e indicando los próximos pasos— es un ejercicio de rendición de cuentas en sentido inverso: el municipio exigiendo cuentas al estado y a la federación. Todo Cabildo que enfrente omisión de niveles superiores de gobierno tiene este mismo instrumento disponible: el pronunciamiento formal, con evidencia y con nombre.
- Las mesas de seguridad son un derecho, no un favor: La participación de los Ayuntamientos en las Mesas de Construcción de Paz no es opcional ni discrecional para el gobierno federal o estatal: es un mecanismo de coordinación institucional donde el municipio tiene voz y presencia reconocida. Ser excluido o ignorado en esas mesas es una violación al principio de coordinación intergubernamental que el Cabildo puede documentar y escalar ante la CONAMM, el INAFED o el Senado.
- El conflicto de interés es una señal de alerta máxima: El caso de Chilapa —donde la alcaldesa tiene vínculos familiares directos con el líder del grupo criminal que opera en su municipio— ilustra el riesgo institucional más extremo que puede enfrentar un Cabildo. Los Regidores y la Sindicatura tienen la obligación de identificar y documentar cualquier conflicto de interés dentro de la estructura municipal antes de que escale a este nivel.
Fuentes: ADN40, Infobae, La Silla Rota, AM Nacional, TV Azteca Noticias, La Aurora de México — 24 de mayo de 2026.
