El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, anunció el 1 de junio de 2026 la apertura de un centro permanente de atención y acompañamiento psicológico en la delegación Los Sauces, en respuesta directa al incremento de casos de suicidio en el municipio. En lo que va de 2026 se han registrado 14 casos — frente a 21 en todo 2025 y 19 en 2024 — una tendencia creciente que el alcalde vinculó al consumo de alcohol y sustancias. La iniciativa incluye un convenio en proceso con la Universidad Autónoma del Estado de México y la participación de organizaciones de la sociedad civil para ampliar la red de atención.
Durante la conferencia “La Toluqueña”, el alcalde informó que en lo que va de 2026 se han registrado 14 suicidios en el municipio, y recordó que durante 2024 se contabilizaron 19 casos y en 2025 la cifra aumentó a 21, lo que refleja una problemática que requiere atención inmediata. Moreno Bastida señaló que esta tendencia está estrechamente relacionada con el consumo excesivo de alcohol y sustancias ilícitas, factores que influyen de manera importante en el deterioro de la salud emocional de las personas.
El nuevo centro de atención psicológica estará ubicado junto a la Cruz Roja en Los Sauces y contará con el respaldo de organizaciones de la sociedad civil para ofrecer terapia y acompañamiento a niños, jóvenes y adultos que necesiten apoyo profesional.
En un mensaje dirigido a la ciudadanía, el presidente municipal compartió una experiencia personal al revelar que en el pasado enfrentó momentos difíciles acompañados de pensamientos negativos, y que decidió hacer pública esta situación para demostrar que existen alternativas y que buscar ayuda especializada puede marcar la diferencia. Asimismo, hizo un llamado a la población, especialmente a los jóvenes, para no considerar el suicidio como una opción y acudir a profesionales de la salud mental cuando enfrenten situaciones complejas.
Como parte de la estrategia de prevención, el alcalde adelantó que buscará establecer un convenio con la Universidad Autónoma del Estado de México para ampliar la red de apoyo psicológico en distintas zonas del municipio. Además, convocó a asociaciones civiles a colaborar con el gobierno local para recuperar inmuebles públicos que actualmente se encuentran abandonados o vandalizados, con el propósito de transformarlos en espacios de atención psicológica y acompañamiento emocional para la comunidad. “El derecho a la vida debe garantizarse para todos los habitantes”, subrayó el edil.
El marco legal que obliga — y que pocos municipios aplican
La Ley General de Salud reformada en mayo de 2022 establece en su artículo 72 que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud deberán brindar acceso a los servicios de atención de salud mental y por consumo de sustancias psicoactivas, incluyendo el desarrollo de acciones y programas para detectar, atender y prevenir el suicidio, bajo el principio de cercanía al lugar de residencia de la población usuaria. En cumplimiento a este marco, el IMSS-Bienestar implementa desde diciembre de 2022 el Servicio de Atención Integral a la Salud Mental (SAISME), cuyo objetivo es promover la salud mental de las personas, familias y comunidades, prevenir la aparición de trastornos mentales y brindar servicios de atención de forma oportuna, continua y multidisciplinaria.
Sin embargo, la atención en salud mental en México tiene un déficit estructural que los municipios no pueden resolver solos pero sí pueden mitigar. El estado forma parte del grupo de entidades del norte del país donde el alza de suicidios se ha acelerado dramáticamente desde la pandemia de COVID-19, afectando principalmente a hombres jóvenes y adultos en edad productiva. El déficit de profesionales especializados es igualmente alarmante. La iniciativa de Toluca — combinar infraestructura municipal, convenios universitarios y sociedad civil — es una ruta replicable para cualquier Ayuntamiento que quiera actuar sin esperar a que el sistema de salud federal llegue primero.
¿Qué significa para el Cabildo?
- La salud mental es un derecho constitucional y los municipios son el nivel de gobierno más cercano a la crisis: El artículo 4° constitucional reconoce el derecho humano a la protección de la salud. La reforma a la Ley General de Salud de 2022 mandató expresamente programas de prevención del suicidio en todos los niveles de atención. El municipio no tiene competencia exclusiva en materia de salud, pero sí tiene la facultad de establecer centros de atención, suscribir convenios con universidades y organizaciones civiles, y destinar espacio físico público para estos servicios. Un Cabildo que aprueba presupuesto sin una línea para salud mental está ignorando una obligación legal y una crisis documentada con datos propios.
- Los inmuebles públicos abandonados son un activo para la salud comunitaria: La propuesta del alcalde de Toluca de recuperar inmuebles vandalizados o en desuso para convertirlos en centros de atención psicológica es una política de bajo costo y alto impacto social. El Cabildo tiene atribuciones para acordar el destino de los bienes del patrimonio municipal — un acuerdo de sesión que autorice la reasignación de un inmueble para servicios de salud mental puede transformar un problema de abandono urbano en una solución de bienestar comunitario.
- El convenio con una institución de educación superior es la forma más eficiente de ofrecer el servicio: Las universidades públicas tienen programas de psicología, trabajo social y medicina que requieren horas de práctica profesional supervisada. Un convenio entre el Ayuntamiento y la universidad pública más cercana puede dotar al centro municipal de psicólogos en formación supervisados por titulares, a un costo mínimo para las finanzas municipales. Esta fórmula — municipio aporta espacio, universidad aporta talento — es replicable en cualquier municipio capital de estado o municipio con acceso a una universidad pública.
Fuente: La Jornada Estado de México — Sarai Palma, 1 de junio de 2026.
